“Fresas sí, pero no así”: el congreso de frutos rojos se celebra en plena crisis social y ecológica del sector

Empresas e instituciones de los frutos rojos se encuentran en Huelva en plena crisis por los regadíos de Doñana y la situación de falta de derechos de las temporeras que sostienen el sector.
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Rafa del Barrio Una mujer recolecta frutos rojos en Lucena del Puerto (Huelva)

El octavo Congreso de los frutos rojos se celebra en Huelva reuniendo a toda la patronal del sector onubense, empresas internacionales e instituciones como el gobierno nacional con la presencia del Ministro de Agricultura, Luis Planas. En un contexto en el que los ojos a nivel nacional e internacional se han situado en el sector de los frutos rojos onubenses por la situación de desecación de Doñana y la puesta en marcha de la ley de regadíos, que beneficiará a las empresas de frutos rojos, el congreso responde al boicot internacional al producto onubense y al señalamiento de falta de sostenibilidad por parte de la comunidad científica y grupos ecologistas poniendo en valor “la importancia de la felicidad y el optimismo para la consecución de los objetivos de vida en general y económicos centrados en el sector de los frutos rojos en particular”, según fuentes oficiales del Congreso.

A pesar de las distintas polémicas a nivel ecológico y en cuanto a los derechos humanos de las trabajadoras migrantes que sostienen el sector, el congreso no cuenta con ninguna conferencia al respecto, pero sí contará con un espacio en el que los empresarios buscarán soluciones al “boicot internacional a la fresa para mejorar la reputación del sector”, según el propio congreso.

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Concentración frente al congreso de frutos rojos en Huelva Rafa del Barrio

Un grupo de activistas climáticos, feministas y por los derechos humanos se han manifestado a las puertas del congreso al grito de “fresas sí, pero con derechos” y “no hay agua para tantas hectáreas” para denunciar que en el congreso no se tratan las problemáticas reales del sector. Esther Carvajo forma parte de Mujeres 24horas y la plataforma Salvemos Doñana y comenta que “necesitamos más voces porque es un problema de toda la provincia de Huelva, hay que poner límites a esta agroindustria salvaje con consenso social”. Carvajo también insiste en la falta de presencia en los medios de estas problemáticas: “No tenemos cobertura mediática, los medios nos vetan”.

“Es un trabajo muy duro, cada año es peor y se gana menos”, comenta Abdul, temporero en Lucena del Puerto

El congreso será clausurado por el ministro de agricultura, Luis Planas, tras el anuncio el pasado 14 de junio de que el ministerio va a “proporcionar en el exterior los frutos rojos de Huelva con diversas actividades” tras la campaña de boicot organizada por los consumidores alemanes. El propio Planas sostenía que “no se ha observado ningún impacto del boicot que ha hecho la plataforma alemana 'Campact!”. Estos hechos suponen un acercamiento del gobierno estatal a las empresas freseras tras posicionarse en contra de la ley de regadíos de Doñana de forma explícita.

El congreso está organizado por la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa, Freshuelva, que el pasado abril otorgaba un premio a Juanma Moreno por “su sensibilidad hacia los problemas del sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva y por su compromiso efectivo para solucionar sus contratiempos”, en referencia a la puesta en marcha de la polémica ley de regadíos de Doñana.

Trabajadoras sin derechos

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, participó el 13 de junio en la comisión sobre el plan de regadíos de Doñana. En su intervención, Domínguez defendió la proposición de ley y también el actual sistema de producción de fresas y frutos rojos en la provincia. Incluso ante las polémicas de la falta de derechos de las trabajadoras migrantes, señaló que en “Huelva hay alojamientos para todos los trabajadores que vienen contratados en origen y es un modelo a seguir”.

Sin embargo, las instituciones que investigan sobre los derechos humanos a nivel internacional no tienen tan clara esta afirmación. El lunes 12 de junio, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) denunciaba en un informe las condiciones laborales y de falta de derechos humanos en los más de 25 asentamientos que hay en la provincia ligados a la producción de fresas. Desde Jornaleras de Huelva en Lucha se lleva años denunciando que la orden GECCO, el marco legal para la gestión colectiva de contrataciones en origen, es “papel mojado y no se cumple”.

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Pintada contra la CHG a las puertas de los campos de frutos rojos en Lucena del Puerto (Huelva) Rafa del Barrio

Uno de los últimos ejemplos de cómo las empresas no cumplen con la orden GECCO y someten a sus trabajadoras a abusos laborales es el caso de las trabajadoras marroquíes contratadas por la empresa Surexport que sufrieron un accidente el pasado primero de mayo en el que una de ellas perdió la vida. La asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción, AMIA, ha denunciado el aislamiento que han sufrido las 30 trabajadoras accidentadas y han impugnado varias de las altas médicas por prematuras e ilegales. No es la primera vez que la empresa es señalada por prácticas laborales fraudulentas: en  marzo de 2022, 11 trabajadores hondureños contratados en origen denunciaban a la compañía por no cumplir lo estipulado en el contrato, según informaba el medio La mar de Onuba. Tras esta empresa se encuentra el fondo de inversión Alantra, presidido por el empresario Santiago Eguidazu Mayor, que ingresa de forma anual 145 millones de euros. 

Mientras se celebra el octavo congreso de los frutos rojos en los campos onubenses, los trabajadores y las trabajadoras afrontan los últimos días de la temporada. Abdul lleva 20 años trabajando en los frutos rojos y Omar seis, ambos trabajan en Lucena del Puerto y viven en el asentamiento que se encuentra justo al lado del tajo. El 9 de junio, en la zona se produjo un incendio que calcinó 20 chabolas y la mezquita del asentamiento.

Abdul habla desde sus años de experiencia de la dureza del trabajo y de las condiciones en las que lo realiza: “Es un trabajo muy duro, cada año es peor y se gana menos, es injusto que ganemos 35 euros al día y los jefes cobran hasta 4.000 al mes”. Omar acaba de conseguir los papeles e insiste en que “ha sido muy difícil”. En unos días marchará a otro lugar a enfrentarse a otra temporada, se está pensando si volverá el año que viene tanto por las condiciones como por la vivienda: “Hay muchos pisos, pero nadie te los quiere alquilar”.

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