Memoria histórica
La familia de Josu Mujika acusa a El Lobo de crímenes de lesa humanidad

Josu Mujika Aiestaran fue tiroteado por la Policía Armada el 30 de julio de 1975 en Madrid. Los agentes del franquismo persiguieron a Josu, militante del antifascismo y los movimientos obreros de Legazpi (Gipuzkoa) y miembro de ETA político-militar desde 1974, y acabaron con su vida. Ahora, 49 años después, la familia ha interpuesto una querella criminal –a la que se ha sumado el hermano del fallecido y su sobrina– al amparo del reactivado Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria). Entre los querellados está el archiconocido agente infiltrado Mikel Lejarza (a quien se apodó El Lobo), que viajaba con Mujika como 'topo' el día del asesinato del de Legazpi.

La Ley de Memoria Democrática establece como “imprescriptible y no amnistiable” el delito por el que Lejarza y el otro policía están acusados: la comisión de crímenes de lesa humanidad. El Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia ha recordado a casi medio siglo del asesinato de Mujika que la familia ha atravesado “un larguísimo túnel” y que “nunca ha dejado de luchar por el acceso a la verdad, la justicia y la reparación”.

La Ley de Memoria Democrática establece como “imprescriptible y no amnistiable” el delito por el que Lejarza y otro policía están acusados: la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Mujika tenía 24 años cuando le arrebataron la vida. Había trabajado desde los 14, había participado en Juventud Obrera Cristiana (JOC) y había sido detenido mientras participaba en una reunión de ELA en un bar en Legazpi. Fue un militante obrero destacado en las sucesivas huelgas en la gran fábrica del pueblo, la Patricio Echevarria. 

Además de Lejarza, la querella va contra “todas aquellas personas que hayan tenido intervención directa o indirecta en todos los hechos acontecidos con el asesinato de Mujika y que resulten responsables de los mismos a lo largo de la investigación como autores, colaboradores necesarios, cómplices o encubridores del delito”. La querella apunta a cuatro mandos de la dotación de la Policía Armada y al ministro de Gobernación de entonces, José García Hernández. También figuran ocho inspectores de la Policía antiterrorista y 16 agentes de la Policía Armada que intervinieron en la persecución de Madrid.

La Comisión de Valoración del Gobierno Vasco señaló en otra ocasión que las versiones oficiales, que eran contradictorias, no pudieron dirimirse en una investigación sin garantías que no fue independiente. El mismo Gobierno Vasco reconoció en 2023 que el asesinato de Mujika tuvo motivaciones políticas.

El comité evaluador también constató que hubo intervención policial y que no se realizó ninguna investigación judicial, mencionando que en el asesinato participaron al menos dos perpetradores. La familia apunta a Mikel Lejarza, policía encubierto, miembro del SECED (Servicio Central de Documentación), Gorka ante los miembros de ETA.

Según el Observatorio, el dictamen del Gobierno Vasco reconoce la verdad institucional, pero no responden a la exigencia de justicia porque no tienen autoridad para hacerlo. Los datos muestran, también según el Observatorio, que no todas las víctimas y perpetradores de violaciones de derechos humanos han sido tratados por igual.

El día en el que fue “cosido a balazos”

Iban en un coche Felix Egia Intxaurraga Peli, Jose Maria Lara Fernandez Txepe y Mikel Lejarza Gorka (o El Lobo) junto a Mujika, cuando se percataron de que les seguían los pasos. Algunas patrullas, en dirección contraria, se estaban echando encima, blandiendo armas desde las ventanillas. Mujika y compañía, en ese momento, se bajaron del coche, huyendo a pie. Ahí comenzó la persecución. Mujika apareció con al menos un balazo en la espalda.

La familia no tiene dudas de que se trató de una emboscada: “Lo podían haber detenido, pero lo mataron”, afirmó su hermano, José Mari Mujika

La versión oficial, el suicidio, no correspondía con un balazo en esa zona. Tampoco había espacio para la segunda versión oficial, el ataque al corazón. El “enfrentamiento” con intercambio de disparos no pudo darse, pues según contaba Egia, Mujika iba desarmado. A pesar de ir desarmado, el cuerpo apareció tiroteado. El entonces alcalde de Legazpi, Prudentzio Larrañaga, recibió una fotografía de Mujika en la que constaba que estaba “cosido a balazos”.

La familia no tiene dudas de que se trató de una emboscada: “Lo podían haber detenido, pero lo mataron”, afirmó su hermano, José Mari Mujika, en una entrevista en Berria. 

Si Mujika fue “cosido a balazos” el 30 de julio, el 28 de agosto se celebró una misa funeral multitudinaria en su homenaje. Las Fuerzas del Orden Público tomaron el pueblo y localidades de alrededor como Urretxu, de donde procedían autobuses repletos. A la familia no se le dejó traer el cuerpo de su ser querido para darle sepultura hasta un año después. Ya en enero de 1977, el mismo día que tres pistoleros de extrema derecha asaltan el bufete de abogados de Atocha en Madrid, Regina Mujika Aiestaran, junto con su marido Germán Gereñu Sagastizabal, traslada el cuerpo de su hermano Josu Mujika Aiestaran desde el cementerio de la Almudena, donde estaba apilado junto a otros, a Legazpi.

Según recoge un informe de Argituz, “durante el traslado se encuentran con un control de la Guardia Civil, pero tras diversas interpelaciones logran reanudar la comitiva”. A la altura de Arlabán, en Salinas, colocan encima del féretro la recién legalizada “ikurriña” y es trasladado hasta la parroquia de Legazpi, Nuestra Señora de la Asunción, donde se celebra un responso. Los asistentes, según entra el féretro a la iglesia, entonan el “Eusko Gudariak”. 

Dudas y sombras

Lejarza ha admitido en entrevistas en medios y libros su participación en tales operativos que acababan con muertos. Lo hizo en una entrevista reciente en Radio Euskadi, en una ronda de promoción de su libro (por el que reapareció en público con una caracterización muy peculiar), donde dijo que “lo volvería a hacer”: volvería a infiltrarse y a ser, como la comisión del Gobierno Vasco terminó declarándole, “cooperador necesario”, o por omisión de evitar la muerte, responsable “de no haber buscado un operativo diferente, sin tantos policías”. 

Lejarza tiene un historial difícil de seguir. Tras las infiltraciones bajo la batuta del Estado profundo, Pepe Rei contó que Lejarza regentó un videoclub de pornografía. Luego pasó por la seguridad privada. Más recientemente, hace algunos meses, firmó un comunicado en favor del “que te vote Txapote”. El comunicado estaba encabezado por Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, y entre sus primeras firmantes estaban Ángeles Pedraza y Marimar Blanco, representantes del sector de las víctimas más afines a Génova.

Tras las infiltraciones bajo la batuta del Estado profundo, Pepe Rei contó que Lejarza regentó un videoclub de pornografía. Más recientemente, hace algunos meses, firmó un comunicado en favor del “que te vote Txapote”.

Según expone el investigador Ahoztar Zelaieta, hay una doble posibilidad en la historia del exespía. Es posible que el actual personaje que aparece en público sea eso, un personaje que dice estar operado estéticamente, un impostor: “Se trataría de una premeditada suplantación de identidad para seguir alimentando el mito”. El historiador Xabier Makazaga piensa así, que el actual no es el primer Lejarza. El primer ‘Lobo’ aseguró en 2007 en un documental en Telecinco: “Eso me lo cuenta un miembro de SECED. Me cuenta que en el servicio se había especulado con la posibilidad de eliminarme. Físicamente”. Makazaga llegó a pedir una prueba de ADN al supuesto ‘Lobo’. El supuesto ‘Lobo’ contestó: “Makazaga quiere que me haga el ADN, que salga a la palestra, ahí me tiene pillado, ahí me tiene más fácil. No le voy a dar esa alegría”.

Respecto al mito de Lejarza también se pueden escuchar historias sobre la captación y la preparación por parte de los servicios secretos franquistas, pero Iñaki Egaña, historiador, advierte que los antiguos compañeros de ‘El Lobo’ habían sostenido que más bien fue un “quinqui” rescatado de prisión a cambio de infiltrarse en ETA entre los años 1973 y 1975.

Muchos son los infiltrados e informadores que pasaron por las filas de ETA para tratar de desarticularla. Hordago recopiló más de una decena de casos que muestran cómo los aparatos del Estado reclutaron a ultraderechistas, mercenarios extranjeros, topos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército e incluso del CNI contra la organización y su entorno.