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Estos son los cargos públicos del PNV que recibieron indemnizaciones pese a ser cesados por denuncias en firme

Los miembros del Gobierno, los Altos Cargos de la Administración y, en su caso, el personal de confianza o eventual, al ser cesados, cualquiera que fuera la causa y el tiempo de servicios prestados, tienen derecho a una indemnización, por una sola vez y equivalente a una mensualidad de retribución. Esta indemnización no puede aplicarse cuando el cese o dimisión se produzca para después ocupar otro cargo en cualquier administración pública que lleve aparejado dicho derecho, o cuando entre la fecha de cese y la de nombramiento medie un plazo inferior al de un mes. 

A mediados de marzo de 2023, el Gobierno Vasco aseguró que Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, condenados en 2019 por diversos delitos de corrupción, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en enero de 2023, serían despedidos de sus trabajos en la administración pública y no cobrarían ninguna indemnización. Sin embargo, un mes después de su arresto por corrupción en 2010, el exburukide y diputado alavés Alfredo De Miguel fue indemnizado con 25.325 euros por la entidad pública SPRI. 

Alfredo de Miguel como punta del iceberg: así controla el PNV el organigrama de la fundación Hazi

Ahoztar Zelaieta

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Corrupción

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Ahoztar Zelaieta

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El paraguas laboral abierto por el recién condenado a cárcel, primero como técnico y más tarde ascendido a “coordinador” en la entidad pública, alcanza a una veintena de familiares y destacadas personalidades del partido.

Últimas indemnizaciones

Este es uno de los casos más flagrantes, pero, según los datos recabados por Hordago-El Salto, en los últimos años se han producido muchos casos polémicos donde cargos del PNV han recibido indemnizaciones tras ser censados de su actividad pública. Destaca en esta lista el caso de Fernando Izagirre, excandidato del PNV a la alcaldía de Galdakao, que fue cesado como director de Emergencias del Gobierno Vasco a finales de abril de 2022 tras ser acusado por desfalco en la DYA, entidad donde ostentó la presidencia. El 8 de junio de 2022, pese a haber sido denunciado por parte de la directiva de la DYA, el Gobierno Vasco indemnizó a Izagirre con 6.243 euros.

Entre los indemnizados tras ser cesados también hay cargos públicos que han pasado a integrar la plantilla de contratistas privados de la administración pública. Una de las puertas giratorias más polémicas de esta legislatura, destapada por esta revista, ha estado protagonizada por Alexander Arriola, exdirector de SPRI que pasó a trabajar en Eurocybcar, Alias Robotics y Accenture.

Un mes después de su arresto por corrupción en 2010, el exburukide y diputado alavés Alfredo De Miguel fue indemnizado con 25.325 euros por la entidad pública SPRI. 

Todavía no se han resuelto las responsabilidades tras las denuncias de la oposición política ante la posible existencia de una infracción muy grave por conflicto de intereses por parte de Arriola, quien además no solicitó autorización para poder compatibilizar su cargo público con el de presidente del PNV en Eibar. Pese a todo ello, en septiembre de 2020, el Gobierno Vasco le indemnizó con 6.201 euros.

Meses después, en octubre de 2021, el hasta entonces viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, cobró una indemnización de 7.178 euros antes de incorporarse a la dirección de Alba Capital. Se trata de una firma dedicada a asesorar en fusiones y adquisiciones de empresas, y que está liderada por el millonario jeltzale Lorenzo Mendieta, en su momento salpicado por el affaire del fraude de la Hacienda de Bizkaia, denominado “caso Ybarra”.

Osakidetza, foco de corrupción

Ahoztar Zelaieta

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Salud

Adelanto editorial Osakidetza, foco de corrupción

Ahoztar Zelaieta

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Hordago-El Salto publica en exclusiva uno de los capítulos de ‘Residencias SA’ (Txalaparta, 2021), donde Ahoztar Zelaieta relata cómo “tras la maleza de las privatizaciones y la mercantilización de la salud asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupción”.

Indemnizaciones para excargos de Osakidetza

En la Consejería de Salud del Gobierno Vasco se concentran un buen número de las indemnizaciones. Ibon Etxeberria, director de Régimen Jurídico del Departamento de Salud hasta febrero de 2021, cesado por saltarse el confinamiento decretado durante la pandemia para ir a jugar al golf, cobró 6.066 euros del Gobierno Vasco. También fue agraciado con una puerta giratoria autorizada por el Gobierno Vasco, y pasó a trabajar para firmas privadas como Serikat, Laubana y Farmaconsulting Transacciones.

Meses antes, había sido cesado el director de Emergencias, Jon Sánchez, por saltarse el confinamiento para ir a su segunda vivienda en Castro. Pese a que ello le llevó a ser denunciado por la Policía Municipal de la localidad cántabra, su cese le valió una indemnización por valor de 5.812 euros.

También durante la pandemia, José Luis Sabas, por entonces director del Hospital Santa Marina, se vacunó irregularmente y terminó dimitiendo en enero de 2021. Sabas, exedil del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao, había cobrado en 2017 una indemnización de 6.934 euros tras cesar como director general de Euskotren.

La exviceconsejera de Salud del Gobierno Vasco, Fátima Ansotegui, saltó al grupo sanitario privado Keralty en 2020 tras cobrar una indemnización de 7.114 euros

Otro caso ocurrido en los últimos años lo ha protagonizado la ya exviceconsejera de Salud del Gobierno Vasco, Fátima Ansotegui, quien en 2020 saltó al grupo sanitario privado Keralty tras cobrar una indemnización de 7.114 euros. En esta firma privada, dirigida por el exconsejero de Salud Jon Azua con la ayuda del exviceconsejero de Salud José Andrés Gorricho, también trabaja el exconsejero de Salud Jon Darpón. Este último cobró una indemnización de 5.954 euros tras ser cesado como Director Gerente Hospital Universitario de Basurto y saltar al grupo sanitario privado IMQ en 2009.

Asimismo, existió una polémica con el caso de Ricardo Ituarte, exalcalde de Santurtzi por el PNV y ahora director de Emergencias del Gobierno Vasco, tras sustituir al ya mencionado Fernando Izagirre. Fue relevado de su cargo de Director Económico Financiero de Osakidetza en 2019 y cobró una indemnización de 6.322 euros. Meses después de ser cesado, lo nombraron Director de Gestión de la OSI Tolosaldea. Cabe recordar que el hermano de Ricardo Ituarte hizo un examen perfecto en una de las pruebas sospechosas de filtraciones en el marco de una OPE de Osakidetza, asunto por el que terminó dimitiendo Jon Darpón. 

Para finalizar con el capítulo de cargos de Osakidetza indemnizados tras su cese, merece rescatar el caso de la Teniente de Alcalde de Vitoria, anteriormente, consejera de Empleo y Políticas Sociales y consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. En 2011 fue cesada como Directora Económico-Financiero y de Servicios Generales del Hospital Santiago de Gasteiz, por lo que cobró 4.296. Tras dos años como consultora, terminó recolocada como Directora Económico-Financiera de Osakidetza en 2013. 

Keralty, la empresa que abandera el desmantelamiento de la sanidad pública a nivel internacional

Ahoztar Zelaieta Lu Barcenilla Román

Salud

Sanidad pública Keralty, la empresa que abandera el desmantelamiento de la sanidad pública a nivel internacional

Ahoztar Zelaieta ,  Lu Barcenilla Román

Es la empresa en la que recaló el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, tras el “escándalo de las OPE” en Osakidetza. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, y el exvicelehendakari Jon Azua, fundador de consultoras alineadas con el PNV, completan la lista.

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Cargos denunciados, también indemnizados

En palabras del periodista Javier Ojembarrena, los ya mencionados Fátima Ansotegi, Javier Zarraonandia, Ibon Etxeberria o Alexander Arriola “son solo algunos de los antiguos cargos del PNV que en el pasado reciente han abandonado sus puestos de trabajo en la administración pública para quedar parados en alguna que otra empresa privada”.

El periodista añade a esta lista de puertas giratorias denunciadas por la oposición política a Aitor Zulueta, Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático hasta 2020, quien percibió por su cese 6.066 euros. Fue director técnico de un vertedero cuyos gestores se enfrentan ahora a una denuncia por presunto delito medioambiental de la Fiscalía de Gipuzkoa y a un expediente sancionador del Gobierno Vasco, tal y como desveló esta revista.

Asier Aranbarri, asesor de Lehendakaritza, fue imputado en 2015 por un delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente debido a su gestión mientras ocupaba la alcaldía de Azkoitia. También cobró 5.646 euros tras ser cesado

Por otro lado, Asier Aranbarri, asesor de Lehendakaritza cuando en 2015 fue imputado por un delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente debido a su gestión mientras ocupaba la alcaldía de Azkoitia, también cobró 5.646 euros tras ser cesado en 2016 como asesor de Gobernanza Pública y Autogobierno. Más tarde, fue recolocado como asesor en la Secretaría General Transición Social y Agenda y ahora es Director de Innovación Social en el Gobierno Vasco.

En el apartado de cargos denunciados que fueron indemnizados cabe añadir al jeltzale Agustín Elizegi, cesado de su cargo de director de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) por recomendación de la Comisión Ética del Gobierno Vasco tras un caso de conflicto de intereses vinculado a las puertas giratorias. Esta revista destapó que había sido denunciado en los juzgados por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Nada de ello le impidió percibir 4.244 euros por su cese en 2013. Anteriormente, en 2009, se hizo con otros 6.584 euros, cuando Patxi López alcanzó la Lehendakaritza y fue destituido de su cargo en EJIE.

En noviembre de 2020, Gervasio Gabirondo, denunciado en el juzgado años antes por el sindicato ErNE por “enchufismo”, cesó como director de la Ertzaintza y cobró 6.066 euros. Este exalto cargo, quien en su día dirigió el registro de las oficinas del equipo de investigación del diario Egin, que por entonces destacaba en desvelar las corruptelas del PNV, ha pasado a ser miembro de la última lista electoral jeltzale por el municipio de Zarautz.

Un mes antes, María Eugenia Iparraguirre, en aquel momento asesora del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pasó a cobrar por su cese una indemnización de 6.066 euros. En la actualidad, esta exedil del PNV en Irun que promovió el alarde excluyente (municipio donde en este momento existen dos alardes, el excluyente, con las mujeres como cantineras, y el igualitario, en el que participan también como soldados), es la directora de Kristau Eskola.

EITB externalizó medio millón a la consultora del secretario general de Patxi López para defenderse ante los trabajadores

Ahoztar Zelaieta Lu Barcenilla Román

País Vasco

País Vasco EITB externalizó medio millón a la consultora del secretario general de Patxi López para defenderse ante los trabajadores

Ahoztar Zelaieta ,  Lu Barcenilla Román

Con el objetivo de hacer frente a la conflictividad laboral y las luchas sindicales en el terreno jurídico, la radio televisión pública realizó 211 contratos menores y dos adjudicaciones por valor de de 207.969 euros para contratar los servicios jurídicos del exgestor del PSE-EE

Indemnizados por Patxi López

Cuando Patxi López se convirtió en lehendakari en 2009, buena parte de la directiva jeltzale de EITB fue cesada, cobrando lucrativas indemnizaciones. En el caso del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cesado entonces como director general, cobró 18.407 euros.

Si nos referimos al ahora portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en aquella etapa cesado como director de ETB, la suma asciende a 15.958 euros. Mientras que el gerente de EITB, Juan Luis Diego, quien dejó la dirección de Osakidetza en 2020 por un puesto en una filial de Repsol, percibió 15.958 euros en 2009.

Además, uno de los condenados por el “caso De Miguel” en 2019, el exburukide Aitor Tellería, percibió 22.190 euros en concepto de indemnización tras ser cesado de su cargo en la entidad pública CEIA en 2009, cuando Patxi López se incorporó a Lehendakaritza. En aquel momento, a otro de los condenados por esta trama, Julían Sánchez, hasta entonces presidente de la red de parques tecnológicos, también se le indemnizó con un talón de 128.692 euros. 

Por otra parte, Martín Ascacibar, en aquel momento Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno Vasco, condenado en 2018 por el fiasco de la planta de Purines de Karrantza, cobró otros 5.854 euros por su cese en 2009. Xabier Caño, por entonces director de Ihobe, tras su cese cobró 11.854 euros. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reabierto una investigación por posible conflicto de intereses en una adjudicación de Ihobe a una firma privada por la que fichó Caño, a su vez vocal de la citada entidad pública, otro asunto desvelado por esta revista.

El Gobierno de Patxi López también cesó al burukide Iñaki Isasi de su cargo en la entidad pública Hazi, percibiendo 31.197 euros. Años después, Isasi se convirtió en vocal de una asociación patronal del sector de las residencias para mayores, GESCA, y jefe de operaciones del grupo sanitario privado IMQ. 

En aquellas fechas, la jeltzale Leire Madariaga era subdirectora general de SPRI. Por su cese cobró 41.860 euros. Meses después, pasó a trabajar en la entidad pública Labein-Tecnalia y ahora es Directora de Transformación Digital y Emprendimiento en el Gobierno Vasco. 

Por último, cabe señalar que el exalcalde jeltzale de Mendaro, Antton Zubiaurre, fue cesado en 2008 como director de Sprilur, cobrando 7.107 euros tras dejar un “agujero” en la entidad pública.

Iñigo Urkullu adjudicó medio millón a una empresa cuyo representante fue condenado por prevaricación y fraude

Ahoztar Zelaieta

PNV

IÑIGO URKULLU Iñigo Urkullu adjudicó medio millón a una empresa cuyo representante fue condenado por prevaricación y fraude

Ahoztar Zelaieta

Lehendakaritza externalizó por 430.760 euros la organización para reforzar relaciones institucionales, culturales y comerciales con Japón a Intermedio Montajes.

Pensiones vitalicias

Antes de ser nombrado parlamentario en 1994, Iñigo Urkullu cobró una cesantía de 2,5 millones de pesetas cuando cesó como director foral de Juventud en Bizkaia, una indemnización desvelada en 2003 por la revista Kalegorria. Pero en 2015, como medida de transparencia, racionalización y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la Diputación Foral de Bizkaia acordó eliminar este tipo de indemnización que hasta entonces podían solicitar los diputados y altos cargos tras cesar en sus funciones. 

Ahora bien, cuando Urkullu abandone Lehendakaritza tendrá derecho a cobrar una pensión vitalicia. A fecha de junio de 2021, según datos remitidos al Parlamento Vasco, 63 excargos públicos percibían una pensión vitalicia: dos exlehendakaris, un exvicelehendakari, 38 exconsejeros y 22 exviceconsejeros. En 2012, se limitó el derecho a esta prestación, y desde entonces solamente puede ser solicitada por los exlehendakaris. También en 2021, los presupuestos del Gobierno Vasco incluyeron una partida de 150.000 euros para el concepto de “indemnización por cesantías”.

El “paro de sus señorías” del Parlamento Vasco tiene previsto, “sin perjuicio de la indemnización”, que “quienes se encuentren en situación de desempleo percibirán además una prestación económica temporal equivalente al 40% de una mensualidad de retribución”, “con una duración de tres meses por cada año de desempeño del mandato”.