Precariedad laboral
Colectivos de interinos y sindicatos alternativos rechazan el pacto contra la temporalidad en la función pública

Este 5 de julio, el Gobierno y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF llegaban a un nuevo “acuerdo histórico”, el segundo en lo que va de semana, junto con la reforma de las pensiones de Escrivá, para abordar la alta tasa de temporalidad en la función pública. 

El acuerdo ha sido defendido por los sindicatos mayoritarios en las Administraciones y el Ministerio de Miguel Iceta, alegando que el pacto es una “solución práctica justa”, que cumple con la legalidad y que permite una salida para cientos de miles de trabajadores temporales con contratos de interinidad. 

Acabar con la temporalidad en la función pública —una de las reformas prometidas a Bruselas dentro del marco del plan de recuperación de la UE— se había convertido en el último año y medio en una necesidad todavía más urgente. La pandemia había acelerado la contratación de interinos y trabajadores temporales, hasta llegar a un 30,4% del total, según datos del INE, una tendencia en claro ascenso desde 2012.

Hasta 800.000 personas ocupan puestos de funcionarios temporales, la enorme mayoría en puestos estructurales, sujetos a condiciones de trabajo “propias del siglo XIX, con despido gratuito”, denunciaba Javier Aráuz, abogado de las plataformas de defensa de los trabajadores interinos. La propia justicia de la Unión Europea había emitido diversos fallos en los que daba la razón a los temporales, la última el pasado 2 de junio, donde señalaba que los empleados con una “relación temporal abusiva” tenían que ser convertidos en fijos para cumplir con el historial de resoluciones europeas sobre el caso.

800.000 funcionarios interinos de España siguen luchando por sus derechos laborales

Guillermo Martínez

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Laboral

800.000 funcionarios interinos de España siguen luchando por sus derechos laborales

Guillermo Martínez

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Copan los puestos en todas las administraciones públicas desde hace años mientras se enfrentan al despido libre y gratuito. Una disposición de la Unión Europea les avala, pero el Ejecutivo se niega a trasponerla a España. Su principal reivindicación: asegurar la fijeza en los puestos para los que tienen decenas de años de experiencia.

Cientos de miles de trabajadores temporales de las Administraciones Públicas se verían afectadas por un pacto que limita a tres años la duración de los contratos temporales y obliga a que esas plazas se incorporen a las ofertas de empleo público mediante concursos abiertos. El pacto también recoge un compromiso de indemnizar a las personas afectadas con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidad “cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga la relación laboral”, según CSIF.

Colectivos de interinos han señalado que denunciarán el futuro Decreto Ley ante las instancias europeas ya que se trata de una trasposición de una directiva europea que “infringe la norma que dice estar trasponiendo”

A quien menos ha gustado el acuerdo ha sido precisamente a las organizaciones nacidas para defender los derechos de los funcionarios interinos. Según denuncian, el pacto asegura plazas, pero no una continuidad de trabajo para las personas que han sufrido los abusos y que, en muchos casos, llevan décadas empalmando contratos temporales. Tampoco se crean las bases necesarias, indican, para que el fenómeno de la interinidad no se reproduzca en el futuro. Estos colectivos ya han señalado que denunciarán el futuro Decreto Ley ante las instancias europeas ya que se trata de una trasposición de una directiva europea que “infringe la norma que dice estar trasponiendo”, señaló Araúz. Según este abogado, las indemnizaciones y sanciones previstas “no tienen carácter disuasorio ni se adecúan a la gravedad de las infracciones cometidas”. 

El pacto de la Función Pública tampoco ha gustado al resto de sindicatos con presencia en las Administraciones. Este 8 de junio, una decena de centrales alternativa lanzaba un manifiesto en el que denuncian que el acuerdo “no supone un avance en la defensa de unos servicios públicos adecuados y de calidad como instrumento de compensación de las desigualdades” y que “lejos de defender el trabajo de los empleados y empleadas públicas puede provocar miles de despidos”. 

Estos sindicatos alternativos califican de “tomadura de pelo” que una directiva europea aprobada en 1999 haya tenido que esperar 20 años para llegar al ordenamiento jurídico español y que se haga mediante Real Decreto para “acelerar la tramitación parlamentaria de un acuerdo absolutamente inaceptable, para intentar acallar el amplio rechazo al contenido” de la nueva norma. Además, denuncian, el pacto desvirtúa la letra de la directiva europea que obligaba a España a acabar “con el exceso de temporalidad” y mejorar la calidad del empleo y establecer un marco “para evitar los abusos derivados derivados de la utilización de sucesivas relaciones laborales de duraciones determinada”. Este abuso de la temporalidad, según critican, “quedará impune” y no se establecen “sanciones suficientemente disuasorias para las administraciones incumplidoras y que a su vez tengan un efecto protector y reparador sobre las personas víctimas” de este abuso de la temporalidad. Entre los sindicatos firmantes figuran Cobas, Confederación Intersindical, CUT Aragón, CUT Galiza, ESK, IAC, Intersindical Valenciana, ISTA, SAS, Solidaridad Obrera, Steilas y STEs-i.

“Lejos de defender el trabajo de los empleados y empleadas públicas”, el pacto de la Función Pública “puede provocar miles de despidos”, denuncia una decena de sindicatos alternativos

Por su parte, el sindicato mayoritario en el País Vasco, ELA, denuncia que el acuerdo “abre la puerta al despido de miles de personas trabajadoras del sector público” con un plan que supone la continuación de “los procesos de estabilización de Montoro [Ministro con Rajoy] que ya se han mostrado absolutamente ineficaces”. 

Según defienden en un comunicado, los trabajadores que han sufrido el abuso de la temporalidad “ni se les garantiza la integración en bolsas ni la indemnización de 20 días por año” y, lo que es más grave, “no se proponen medida reales para evitar que en el futuro se repitan las actuales tasas de empleo temporal, destrucción de empleo y privatización del sector público”.