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Precariedad laboral
Colectivos de interinos y sindicatos alternativos rechazan el pacto contra la temporalidad en la función pública
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Este 5 de julio, el Gobierno y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF llegaban a un nuevo “acuerdo histórico”, el segundo en lo que va de semana, junto con la reforma de las pensiones de Escrivá, para abordar la alta tasa de temporalidad en la función pública.
El acuerdo ha sido defendido por los sindicatos mayoritarios en las Administraciones y el Ministerio de Miguel Iceta, alegando que el pacto es una “solución práctica justa”, que cumple con la legalidad y que permite una salida para cientos de miles de trabajadores temporales con contratos de interinidad.
Acabar con la temporalidad en la función pública —una de las reformas prometidas a Bruselas dentro del marco del plan de recuperación de la UE— se había convertido en el último año y medio en una necesidad todavía más urgente. La pandemia había acelerado la contratación de interinos y trabajadores temporales, hasta llegar a un 30,4% del total, según datos del INE, una tendencia en claro ascenso desde 2012.
Hasta 800.000 personas ocupan puestos de funcionarios temporales, la enorme mayoría en puestos estructurales, sujetos a condiciones de trabajo “propias del siglo XIX, con despido gratuito”, denunciaba Javier Aráuz, abogado de las plataformas de defensa de los trabajadores interinos. La propia justicia de la Unión Europea había emitido diversos fallos en los que daba la razón a los temporales, la última el pasado 2 de junio, donde señalaba que los empleados con una “relación temporal abusiva” tenían que ser convertidos en fijos para cumplir con el historial de resoluciones europeas sobre el caso.
Laboral
800.000 funcionarios interinos de España siguen luchando por sus derechos laborales
Cientos de miles de trabajadores temporales de las Administraciones Públicas se verían afectadas por un pacto que limita a tres años la duración de los contratos temporales y obliga a que esas plazas se incorporen a las ofertas de empleo público mediante concursos abiertos. El pacto también recoge un compromiso de indemnizar a las personas afectadas con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidad “cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga la relación laboral”, según CSIF.
Colectivos de interinos han señalado que denunciarán el futuro Decreto Ley ante las instancias europeas ya que se trata de una trasposición de una directiva europea que “infringe la norma que dice estar trasponiendo”
A quien menos ha gustado el acuerdo ha sido precisamente a las organizaciones nacidas para defender los derechos de los funcionarios interinos. Según denuncian, el pacto asegura plazas, pero no una continuidad de trabajo para las personas que han sufrido los abusos y que, en muchos casos, llevan décadas empalmando contratos temporales. Tampoco se crean las bases necesarias, indican, para que el fenómeno de la interinidad no se reproduzca en el futuro. Estos colectivos ya han señalado que denunciarán el futuro Decreto Ley ante las instancias europeas ya que se trata de una trasposición de una directiva europea que “infringe la norma que dice estar trasponiendo”, señaló Araúz. Según este abogado, las indemnizaciones y sanciones previstas “no tienen carácter disuasorio ni se adecúan a la gravedad de las infracciones cometidas”.
El pacto de la Función Pública tampoco ha gustado al resto de sindicatos con presencia en las Administraciones. Este 8 de junio, una decena de centrales alternativa lanzaba un manifiesto en el que denuncian que el acuerdo “no supone un avance en la defensa de unos servicios públicos adecuados y de calidad como instrumento de compensación de las desigualdades” y que “lejos de defender el trabajo de los empleados y empleadas públicas puede provocar miles de despidos”.
Estos sindicatos alternativos califican de “tomadura de pelo” que una directiva europea aprobada en 1999 haya tenido que esperar 20 años para llegar al ordenamiento jurídico español y que se haga mediante Real Decreto para “acelerar la tramitación parlamentaria de un acuerdo absolutamente inaceptable, para intentar acallar el amplio rechazo al contenido” de la nueva norma. Además, denuncian, el pacto desvirtúa la letra de la directiva europea que obligaba a España a acabar “con el exceso de temporalidad” y mejorar la calidad del empleo y establecer un marco “para evitar los abusos derivados derivados de la utilización de sucesivas relaciones laborales de duraciones determinada”. Este abuso de la temporalidad, según critican, “quedará impune” y no se establecen “sanciones suficientemente disuasorias para las administraciones incumplidoras y que a su vez tengan un efecto protector y reparador sobre las personas víctimas” de este abuso de la temporalidad. Entre los sindicatos firmantes figuran Cobas, Confederación Intersindical, CUT Aragón, CUT Galiza, ESK, IAC, Intersindical Valenciana, ISTA, SAS, Solidaridad Obrera, Steilas y STEs-i.
“Lejos de defender el trabajo de los empleados y empleadas públicas”, el pacto de la Función Pública “puede provocar miles de despidos”, denuncia una decena de sindicatos alternativos
Por su parte, el sindicato mayoritario en el País Vasco, ELA, denuncia que el acuerdo “abre la puerta al despido de miles de personas trabajadoras del sector público” con un plan que supone la continuación de “los procesos de estabilización de Montoro [Ministro con Rajoy] que ya se han mostrado absolutamente ineficaces”.
Según defienden en un comunicado, los trabajadores que han sufrido el abuso de la temporalidad “ni se les garantiza la integración en bolsas ni la indemnización de 20 días por año” y, lo que es más grave, “no se proponen medida reales para evitar que en el futuro se repitan las actuales tasas de empleo temporal, destrucción de empleo y privatización del sector público”.
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Soy consciente de que lo que voy a decir puede generar rechazo, pero creo, igualmente, que es un hecho poco cuestionable. Más allá del valor de la necesidad de estabilidad laboral para poder desarrollar una vida buena, el estatus del funcionario se ha convertido en un problema social más que en una garantía de atención al pueblo. Seguro que hay que vincularlo a los desmanes privatizadores impulsados por la clase política destinado a abrir nichos de mercado a empresas privadas cuyo único objetivo es aumentar las tasas de beneficio de sus accionistas y proveer de puertas giratorias a la clase política. Sin embargo, se trata cada vez más de un colectivo desgajado del cuerpo social que lo hace posible y contra el que actúa en cumplimiento de los mandatos burocráticos del capital a través de la clase política dominante. Convertirse en funcionario es parte de la guerra de todos contra todos liberal, en virtud de la cual, una vez lograda la plaza genera una identidad corporativa, un nosotros frente a unos otros subordinados y molestos. En lugar de servirse de su situación de privilegio para constituirse en punta de lanza de la lucha de clases en la defensa de las desposeídas, pasan, en no pocas ocasiones, a formar parte del clasemedianismo elitista que menosprecia a quien sostiene el edificio institucional al que pertenecen. No olvidemos que entre el 75 y el 80% de la financiación de las administraciones públicas procede de rentas del trabajo y pensionistas y que las rentas del trabajo constituyen menos del 50% de las rentas del Estado. El sálvese quien pueda liberal encuentra en este sector una expresión muy dolorosa para quienes reivindicamos un sector público fuerte y bien financiado. Pero cuidado, Cuba tuvo el mismo problema de desidia y pérdida de conciencia social de su cuerpo funcionarial, además del desarrollo de un corporativismo letal. Soy consciente del trabajo realizado por el sector público durante la pandemia, pero no más que otros sectores desposeídos y que han pasado con más pena que gloria y en condiciones laborales de esclavitud. A pesar de la gravedad de la situación no ha habido una respuesta concertada por parte del funcionariado para frenar la barbarie del capital, a lo sumo retiradas del servicio de quienes no han podido más. Necesitamos personas comprometidas con el servicio público no sistemas burocráticos cuyo, si no único, principal objetivo es eludir responsabilidades en organizaciones fuertemente jerarquizadas, clasistas y despóticas.
Entiendo la incertidumbre del personal interino y rechazo la inmensa precariedad del sector público en España, en especial en sus autonomías, pero me gustaría llamar a la reflexión respecto a un hecho, que como otros evidentes, se eluden, en especial por parte de quienes luchamos por lo público frente a lo privado, por lo común frente a lo privativo.