Privatizaciones
Las autorizaciones a médicos y jefes para trabajar en el sector privado que están desmantelando Osakidetza

Mediodía del 3 de febrero. La Plataforma Navarra de Salud Nafarroako Osasun Plataforma (PNS-NOP) convoca una concentración contra la supresión de la exclusividad de los médicos en la sanidad pública. Paralelamente, Iñigo Urkullu comparece ante el Parlamento Vasco y defiende los intereses corporativos en las autorizaciones de compatibilidad.

Preventivamente, tratando de controlar la expansión de la polémica, el gabinete de Urkullu había filtrado a los medios de comunicación del Grupo Vocento una estadística que difunden siguiendo la propaganda de Lakua: “solo 500 médicos de los 7.700 en plantilla trabajan también en la sanidad privada”. En la nota, el Lehendakari rechazaba la exclusividad dándose por vencido con el sector privado y afirmaba que, de aplicarse, generaría una lucha por los profesionales que “mermaría la calidad asistencial”.

Inmediatamente después, siguiendo la regla básica de controlar las fuentes de información, y mientras la oposición exigía transparencia, el Gobierno Vasco retiró de su página web la lista de autorizaciones de compatibilidad concedidas a empleados de Osakidetza. Hordago-El Salto pudo acceder a finales de enero a la tabla ahora eliminada, donde se recogen datos de diversas entidades públicas en el periodo comprendido entre 1993 y 2022. El documento muestra que un total de 78 jefes de servicio, jefes de sección y jefes de unidad recibieron autorización para trabajar en el sector privado. El dato, descontextualizado, no parece decir mucho. Sin embargo, con datos de 2018, cuando existían 163 médicos en las jefaturas del servicio, sería prácticamente la mitad del total. 

A finales de enero existían 78 jefes de servicio trabajando en clínicas privadas al mismo tiempo que en el servicio público. Con datos de 2018, cuando existían 163 médicos en las jefaturas del servicio, esta cantidad sería la mitad del total.

Además, en el listado de autorizados hay 450 médicos de especialidades como medicina familiar, pediatría, cardiología, anestesia, nefrología, endocrinología, otorrinolaringología o anatomía. Aunque en la mayoría de las resoluciones de autorización de compatibilidad para consultas privadas no se precisaba el nombre del centro o la ubicación de la consulta privada, destacan clínicas y hospitales de grupos sanitarios privados como la Clínica Zorrotzaurre de IMQ en Bilbao, el Hospital Quirón de Erandio, Clínica Euskalduna, Clínica San Sebastián, Clínica Guimón, Clínica Eduardo Anitua, Clínica Teknibai, Clínica Andra Mari, varios centros médicos y residencias, e incluso centros ubicados en Burgos y Santander. 

El plan: acabar con la pública

Mientras exconsejeros de Sanidad y Salud como Jon Azua, Jon Darpón o Gabriel Inclán pasaban a trabajar para el sector sanitario privado, acompañados de exviceconsejeros como Fátima Ansotegi o Guillermo López, los facultativos trabajando para la sanidad privada aumentaron un 43% entre 2012 y 2019. Además, en diez años el servicio público ha pasado de tener 2.797 médicos en las privadas de Hego Euskal Herria a 4.736.

Osakidetza, la mayor empleadora del oasis vasco, se ha convertido también en la mayor ETT, con un 58% del personal temporal en la plantilla. Este factor, junto a una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% desde 2010, son condiciones que influyen en la pérdida de profesionales que marchan a trabajar a la privada o incluso al extranjero.

En medio de la “crisis” de Osakidetza, las compañías que ofertan servicios de asistencia sanitaria privada han hecho caja: solo en 2022 recaudaron 343,9 millones de euros en concepto de primas

Existe literatura científica sobre la dedicación mayor de un médico que trabaja en exclusiva para un servicio público frente al pluriempleado que muestran que quien trabaja en exclusiva cuenta con más tiempo para ampliar su formación y conocimientos, garantizando un ejercicio profesional de calidad. Además, evita situaciones de conflicto de intereses, tales como desviar pacientes al sector privado.

Los críticos también coinciden en que tanto la compatibilización defendida por el Gobierno Vasco como las fluidas relaciones de exmiembros del Ejecutivo están provocando una sangría de pacientes: según datos del Instituto Vasco de Estadística, un total de 504.762 personas disponían de un seguro privado de salud en Euskadi a finales del 2022, es decir, el 23%. En medio de la “crisis” de Osakidetza, la “joya de la corona” vasca, las compañías que ofertan servicios de asistencia sanitaria privada han hecho caja: solo en 2022 recaudaron 343,9 millones de euros en concepto de primas. Además, desde 2012, la plantilla de la sanidad pública ha aumentado un 10%, mientras que en la privada ha crecido un 60%.

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El Plan Osasuna Zainduz fue el punto de inflexión en la implantación del modelo de gestión pública del Servicio Vasco de Salud. Esta reforma impuso en 1991 ideas como la competitividad, la reducción de costes, la figura de cliente, la sanidad como un mercado, las políticas de oferta y demanda, los incentivos por resultados y otras medidas procedentes de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher.

El oasis de Jon Darpón

Según la documentación citada, durante la etapa de Jon Darpón al frente de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, en el Registro de Gestión de Personal de Osakidetza constaban en el año 2018 un total de 163 médicos que desempeñaban puestos de Jefe de Servicio Sanitario, 41 de ellos con autorización de compatibilidad para una segunda actividad en el sector privado. Esto es, más del 25 % de los encargados de servicio podían compatibilizar sanidad pública y privada durante el mandato de quien tuvo que dimitir por escándalo de la OPE.

Cabe señalar que tanto Jon Darpón (2012-2019) como el exconsejero de Sanidad Jon Azua (1985-1987), ambos directivos del grupo sanitario privado Keralty, estuvieron antes vinculados a IMQ. Asimismo, el director de operaciones del grupo IMQ-Igurco es el ex jefe de la ejecutiva de Iñaki Isasi, exteniente alcalde de Arrigorriaga y exmiembro del Bizkai Buru Batzar.

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Es la empresa en la que recaló el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, tras el “escándalo de las OPE” en Osakidetza. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, y el exvicelehendakari Jon Azua, fundador de consultoras alineadas con el PNV, completan la lista.

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Siempre gana IMQ

Además de esta documentación, Hordago-El Salto ha localizado a otra docena de facultativos de Osakidetza que trabajan en centros de IMQ y Quirónsalud e incluso operan como miembros de los tribunales que escogen al personal estatutario, técnicamente, a los empleados públicos del servicio de salud. Nos referimos al Jefe de Cirugía Cardíaca, al Jefe de Sección de Radiología, al Jefe de Sección Sanitaria de Alergología y al Jefe de Sección de Anatomía Patológica, así como a algunos que han ocupado los puestos de Jefe de Cardiología o Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación. Buena parte de ellos, también fueron miembros de tribunales de Osakidetza durante el año 2018. 

Es un ejemplo paradigmático que Guillermo López, quien ostenta el cargo de Jefe de Oncología del Hospital de Cruces, sea consejero de IMQ y Jefe de Oncología en Quirónsalud Bizkaia. En el pasado fue viceconsejero de Planificación y Ordenación Sanitaria del Gobierno Vasco y, en 2018, Osakidetza lo nombró miembro del tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oncología.

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Brecha salarial

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El Igualatorio Médico Quirúrgico perdió contra las trabajadoras en huelga y ha recurrido una sentencia que no dejaba hilo sin puntada —incluía perspectiva de género y edadismo—, alargando un proceso que duplica los costes de la limpieza de la clínica y añade malestar.

El caso de Quirón

El diario Gara repasó los nombramientos de jefes de sección y jefes de servicio sanitario de Osakidetza a lo largo de este 2022 e identificó a un total de 50 cargos, de los cuales al menos 15 tienen algún tipo de vínculo con la sanidad privada. De ese 30% de jefes con segunda actividad en el sector privado, destacaban “sobre todo las diferentes clínicas del grupo Quirón”. 

Si bien Gara prefirió no dar nombres en su información, un breve vistazo a los datos que figuran en las web de Quirónsalud y Linkedin basta para encontrar su identidad. Por ejemplo, un exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, en este caso Gabriel Inclán (1999 y 2009), es ahora el Jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Bizkaia y del Centro Médico Quirónsalud Plaza Euskadi.

Desde 2012, la plantilla de la sanidad pública ha aumentado un 10%, pero en la privada ha crecido un 60%.

En la web de Quirónsalud también se publicitan facultativos con responsabilidades en Osakidetza como un Jefe del Servicio de Cardiología, dos Jefes de Neurocirugía, un exjefe de Otorrinolaringología o un exJefe del Servicio de Cirugía Torácica. Algunos de ellos han sido miembros de tribunales de Osakidetza.

Cabe destacar que Quirónsalud es un importante cliente de Osakidetza. La Policlínica Gipuzkoa, propiedad del Grupo Quirónsalud, es la adjudicataria, por 23 millones de euros, del contrato Servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del área de salud de Gipuzkoa. Quirónsalud también se ha llevado el contrato de estudios diagnósticos mediante resonancia magnética nuclear para pacientes de Gipuzkoa, valorado en 424.944 euros. Este grupo privado tiene estrechos lazos con el PNV. El Jefe de Alergología de Quirónsalud Bizkaia, Ignacio María Ansotegui, integró la candidatura del PNV al Parlamento Vasco en 1998.

Incompatibilidades y tramas de corrupción

Asimismo, en las resoluciones a las que ha tenido acceso este medio figuran autorizaciones para trabajar en la Clínica Indautxu, un centro que formó parte de la UTE que participó en el “caso Margüello”, una trama de irregularidades en contratos de Osakidetza realizados entre 1996 y 2009 con empresas vinculadas al doctor Juan Carlos Margüello, director de Calidad del Hospital de Cruces entre 2000 y 2009. En dichas autorizaciones también aparecen Medical Dom Sl y Medical Prevención XXI SL, dos empresas ligadas a la trama. Tras estallar el caso, de hecho, una de las empresas, Medical Prevención, pasó a manos de IMQ.

En 2010, el entonces presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Ignacio Martínez Churiaque, afirmó que hubo irregularidades administrativas en las incompatibilidades de tres médicos, entre ellos, José Carlos Margüello. Al respecto, señaló que “el médico que esta trabajando en la sanidad pública no puede ser compatible para prestar servicios sanitarios en la actividad concertada”. 

Paradójicamente, el expediente informativo del Gobierno Vasco sobre el caso Margüello, en el capítulo de conclusiones y propuestas de medidas de futuras acciones para evitar posibles tramas de corrupción, señalaba lo siguiente: “aparte de las posibles causas de incompatibilidad para concertar servicios sanitarios con la Administración, no deben olvidarse otras posibles causas de incompatibilidad” y “la posible existencia de faltas disciplinarias (solicitud de compatibilidad, ausencias del puesto de trabajo). También indicaba que su “control compete al servicio público de salud al que se encuentran adscritos los facultativos”. No obstante, en las instituciones públicas se ha hecho oídos sordos.