Derecho a la vivienda
Las PAH catalanas denuncian que Junts quiere “recortar” la nueva normativa autonómica contra los desahucios

Diferentes organizaciones sociales promotoras de la legislación antidesahucios catalana convocan una concentración para la 18.30 horas del jueves en el Arc del Triomf de Barcelona en contra de los “recortes” que Junts está introduciendo a las enmiendas de la nueva ley antidesahucios que se está debatiendo en el Parlament. La normativa pretende recuperar las medidas del Decreto Ley 17/2019 anuladas por el Tribunal Constitucional en enero de 2021 tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.

La ley se está tramitando por el procedimiento de urgencia en el parlamento catalán, dado que el objetivo es tenerla lista este mismo mes de octubre, antes de que el 31 de octubre expire el llamado decreto de escudo social del Gobierno estatal de coalición, que establece una serie de mecanismos burocráticos para la suspensión de desahucios. La nueva norma se presentó en junio en el Parlament con el apoyo de los partidos en el Govern (ERC y la propia Junts), además de En Comú Podem y la CUP.

No obstante, según el grupo promotor de la legislación original antidesahucios (la ley 24/2015, que luego fue ampliada en la 17/2019), Junts ha introducido en las enmiendas el aumento de 10 a 15 pisos en propiedad para ser considerado como gran tenedor y una propuesta de indemnización a aquellos propietarios obligados por la normativa a ofrecer alquileres sociales como alternativa al desahucio. Se trata de “pasos atrás” que “dejan fuera algunos casos de familias vulnerables que han tenido que ocupar” viviendas, según el grupo promotor de la ley 24/2015 incluye a las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca catalanas (PAH), la Asociación contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC.

La resolución del Tribunal Constitucional anuló las disposiciones de la ley 17/2019 que obligaban al alquiler social en caso de extinción del contrato de alquiler o de lanzamiento por ocupación de la vivienda, ambos para personas físicas o jurídicas consideradas como grandes tenedores. Asimismo, anula la obligatoriedad de renovar el alquiler social una vez extinguido el periodo del contrato, que afecta a cientos de casos en los que se pudo forzar a los bancos a conceder estos alquileres sociales. Los aspectos relativos a hogares con deudas hipotecarias no fueron anulados por el Constitucional.

Ir más lejos

Pablo Elorduy

La semana política

Editorial Ir más lejos

Pablo Elorduy

Unidas Podemos presenta un acuerdo con el PSOE para la Ley de Vivienda que se aleja de la letra pactada hace semanas con otros partidos, sindicatos y el movimiento de vivienda.

Las enmiendas de Junts y el proceso de redacción y negociación de la normativa que sustituirá a la 17/2019 coinciden en el tiempo con las filtraciones y declaraciones a prensa sobre el texto de la Ley de Vivienda estatal que están negociando PSOE y Unidas Podemos. La mañana del martes, La Vanguardia publica una filtración del texto que supuestamente está negociando el Gobierno de coalición, que declararía fuera de la ley una de las medidas estrella del Gobierno de Colau en Barcelona: la obligación de reserva en las nuevas promociones de un 30% de los pisos para vivienda asequible, algo que ha sido recibido como un “desastre” por el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, en su cuenta de Twitter.

Esto es un desastre. Hace dos años los movimientos sociales logramos que todas las nuevas construcciones en Barcelona destinen el 30% a vivienda asequible. La Ley del Gobierno propone tumbar la medida, haciendo lo que pedían los especuladores. https://t.co/eYP1VgX9iA

— Jaime Palomera Zaidel (@JaimePalomera) October 12, 2021