Opinión
Mendigando plazos y plazas

Ponemos el caso de Alburquerque. Pero seguro que se puede cambiar el nombre de esta población por cualquier otra. En menos de un mes, hemos vivido dos momentos singulares que han tenido intenciones parecidas y efectos, de momento, similares.

El primer caso fue el anuncio repentino del cierre de la Escuela Hogar de Alburquerque. Un centro educativo y residencial que favorece la equidad educativa entre el alumnado que lo necesita, recurso imprescindible para aquellos menores vulnerables (muchos de familias monomarentales) que, por diversas circunstancias, necesitan de un centro que asegure su derecho a la educación. Las Escuelas Hogar (EH), nacen en la Ley de Educación Primaria de 1945, donde se señala “siempre que las circunstancias de población diseminada y dificultad de transporte o los casos de infancia huérfana, desvalida o necesitada de protección especial lo exijan, las corporaciones públicas, los particulares o el propio estado, deberán o podrán en su caso crear las instituciones escolares que en régimen de internado, similar todo lo posible al hogar, protejan y eduquen a sus beneficiados según las normas docentes de esta ley”. Fue en 1967 cuando se crean las tres primeras EH en Extremadura y Alburquerque fue una de ellas. Más allá que pueda ser discutible que este centro sea concertado y gestionado por una orden religiosa, el cual daría para otro artículo, lo cierto, es que, en su espíritu, cumple con una función de justicia social.

El segundo caso ha ocurrido semanas después. La Consejería de Educación, sin previo aviso al IES Castillo de Luna de Alburquerque, decide unilateralmente cerrar el ciclo superior de Administración y Finanzas. Sería también otro debate si, entre las posibilidades formativas, esta titulación es la idónea para Alburquerque y comarca. Pero, de nuevo, como en el primer ejemplo, sin tiempo de reacción, se anuncia este hecho.

Las dos historias y las cuestiones en común

En ambos casos, la argumentación se basa en que se ocupan pocas plazas, que, traducido al lenguaje del capital, significa “no es rentable”. Es decir, se le aplica a un servicio público la lógica mercantilista, como si fuesen negocios privados.

En ambos casos, se han retractado (con diferentes características) y se mantendrán. En el caso de la Escuela Hogar, al menos un curso más, y con lo que respecta al módulo, siempre y cuando se consigan al menos 9 alumnos (¡comienza el casting!). Es decir, en una hábil estrategia pasan la responsabilidad del cierre al propio centro, si no se obtiene ese número siempre será “culpa” del IES, y no de la Consejería, que se anule el Ciclo. Volvemos aplicar la lógica de la “rentabilidad”.

En ambos casos, se trata de una zona rural, en una localidad como muchas otras de Extremadura que va perdiendo población. Algunos se les llena la boca hablar de “salvar la España vaciada”, pues bien, si perder población equivale a perder servicios, la incoherencia del discurso con los hechos, se hace palpable.

Algunos se les llena la boca hablar de “salvar la España vaciada”, pues bien, si perder población equivale a perder servicios, la incoherencia del discurso con los hechos, se hace palpable

En ambos casos, la opción de anular la decisión viene precedida por la movilización de la población, asociaciones, centros educativos, personas afectadas directamente o no, que han presionado con diversas estrategias para que esto no ocurriera.

¿Qué nos espera? Pues sin ánimo de adivinar el futuro, tal vez, el día de mañana nos quedemos sin pediatra porque tiene que haber un número X de niños y niñas que la Consejería de Salud determine; o nos quiten el transporte público a Badajoz, ya de por si deficiente en conexión (con sólo tres autobuses diarios, uno el sábado y ninguno el domingo) porque se necesite un número mínimo de personas pasajeras... Y así, con cualquier otro servicio.

No debemos, ni queremos ir mendigando a las administraciones públicas plazos y plazas, no sólo para que mejoren los servicios públicos, que es su función, sino para que los mantengan, ya que es un derecho que tenemos las personas que vivimos en pueblos. Sí, esos pueblos grandes y pequeños que conforman esa España vaciada que dicen apoyar.

No debemos, ni queremos ir mendigando a las administraciones públicas plazos y plazas, no sólo para que mejoren los servicios públicos, que es su función, sino para que los mantengan, ya que es un derecho que tenemos las personas que vivimos en pueblos

Pero también, estos hechos, nos ha dejado un aprendizaje. La protesta sirve, el derecho a rebelarse contra decisiones injustas surte efecto, la presión de las personas y entidades ha empujado a la rectificación de estos recortes que de otra manera hubiera ocurrido sin más. Por lo tanto, vienen tiempos de seguir apostando por los lazos comunitarios, por el apoyo mutuo, del hoy por ti mañana por mí, por resistir ante la ofensiva contra los servicios públicos y de calidad en nuestros pueblos.