Educación
Profesionales con titulación extranjera salen a la calle para reclamar una homologación justa

Años de espera para conseguir ejercer la profesión para la que se estudió.. Esto es lo que sufren miles de personas que estudiaron en el extranjero y que se enfrentan con un largo recorrido lleno de burocracia y retrasos para poder ejercer los trabajos para los que estás cualificadas. Tras mucho tiempo demandando el fin de esta situación, y varias interlocuciones con las administraciones, el Movimiento por una Homologación Justa se manifesta hoy 26 y mañana 27 de enero, ambos días entre las 11h y las 14h en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, A Coruña, Málaga, Tenerife, y Palma de Mallorca.

La situación, según calculan desde el movimiento, afecta a unas cien mil personas, que tienen que esperar por promedio, tres años, para que la administración homologue sus títulos. Hay quienes, denuncian, ven pasar una década antes de vencer lo que se ha convertido en una dura batalla burocrática. La ley sin embargo establece un máximo de seis meses para completar este trámite, por lo que el Estado infringe su propia normativa, recuerdan.

Con el plan de Choque del Ministerio, tomará 5 AÑOS RESOLVER el atasco actual. Y se formará uno AÚN PEOR.

Por eso y por mucho más, tendremos Manifestaciones MAÑANA 26-ene y el Sábado 27.

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— Homologacionjustaya (@homologacionjya) January 25, 2024

Así, personas tituladas, tanto extranjeras como españolas, se ven forzadas a trabajar en otros ámbitos laborales de menos cualificación y salario o para los que no están capacitadas profesionalmente, suponiendo las dificultades de homologación una frontera burocrática más para miles de personas migrantes que se ven recluidas en sectores laborales con baja remuneración, a pesar de contar con formación para ejercer otros oficios.

Para el movimiento por una Homologación Justa, una de las principales causas del colapso del sistema es que el ministerio responsable no invierte lo suficiente en personal que puedan gestionar estos procesos, a pesar de que cada persona que solicita la validación de su título tiene que abonar una tasa de 160€.

La titular del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, anunció en diciembre que pondría en marcha un segundo Plan de choque para resolver los 100.000 expedientes que permanecen atascados. El colectivo considera que el primer Plan de choque, contando con más funcionarios dedicados a tramitar las equivalencias y homologaciones, no solucionó el problema, por lo que el actual, que dispondría solo de 26 funcionarios no será suficiente.

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Las denuncias de los colectivos de profesionales migrantes que pujan por la homologación, y los esfuerzos por agilizar trámites que dejan en suspenso la vida laboral, se topan con la lentitud administrativa y la falta de voluntad política.

Recuerdan que el fue el propio Ministerio el que consideró, en el marco del primer plan de choque, iniciado en 2022, que necesitarían 68 funcionarios para afrontar una situación en la que el colapso era menor.  El plan, lamentan, no solo no resolvió la situación sino que en un año los expedientes acumulados pasaron de 40.000 a 100.000. Algo que se debió no solo a un incremento de las solicitudes, sino a una caída de la ratio de homologación/año al 13%.

Las personas afectadas denuncian que con estas largas dilaciones España supera ampliamente los plazos recomendados por la Comisión Europea, que no deberían superar los dos meses. Además, desde la Comisión, se recomienda que las personas pueda desempeñar su oficio mientras se tramita su homologación. Recuerdan que justamente, ante la falta de suficientes profesionales cualificados, adoptar estas medidas beneficiaria a la propia economía y sociedad españolas.  

El 28 de febrero se cumplirán dos años desde la primera movilización por la homologación en Madrid. Desde entonces el colectivo no ha parado de exigir que se ponga fin a una situación que, según recoge el Centro de Estudios sobre la Migracion, la Discriminacion, y el Racismos Institucional (CEMDRI), se enmarca dentro del racismo institucional, y como también reportaba SOS Racismo en sus informes anuales del 2022 y 2023, tiene graves implicaciones psicosociales para las personas afectadas y sus familias.