Laboral
Delegación de Gobierno en Madrid prohíbe la concentración en apoyo a los trabajadores del metal en Cádiz

Desde Delegación de Gobierno argumentan, en contra de sus enmiendas a la Ley Mordaza, que no hay causas extraordinarias ni graves que justifiquen aprobar de urgencia la convocatoria.
26 nov 2021 11:30

No es una causa extraordinaria ni grave que justifique la urgencia. Éste ha sido el argumento presentado por Delegación de Gobierno en Madrid, cuya titular es María de las Mercedes González Fernández (PSOE), para prohibir la concentración en apoyo a los trabajadores del metal en Cádiz convocada para hoy, viernes 26 de noviembre, a las 19h en Puerta del Sol por dos decenas de sindicatos de base, entre los que se encuentran CNT, CGT y Co.Bas, y colectivos sociales como Anticapitalistas, la Coordinadora de Vivienda de Madrid o la Coordinadora 25S.

“Exigimos una rectificación inmediata ante lo que consideramos una decisión injusta que va en contra del derecho a la libre manifestación”, señalan las organizaciones convocantes en un comunicado. La prohibición de la manifestación choca con las enmiendas consensuadas a la Ley de Seguridad Ciudadana por PSOE y Podemos, por las que eliminaban la necesidad de comunicación previa de las manifestaciones salvo las que sean previsibles, como la del Primero de Mayo.

“En los últimos días, millones de jóvenes, trabajadoras y trabajadores de todo el Estado tenemos nuestros ojos puestos en Cádiz”, señala el comunicado. “La lucha que han levantado los y las trabajadoras del metal se ha convertido en un verdadero ejemplo de dignidad y en el que muchas y muchos nos vemos reconocidos en la batalla que están dando y en sus justas reivindicaciones”, continúa el escrito, en el que se denuncia la represión sufrida por los y las trabajadoras gaditanas.

Tras nueve días de huelga, ayer la Federación de Empresarios del Metal y CC OO y UGT pactaron un convenio a tres años con subidas salariales anuales del 2%. Entre los acuerdos figuró también que, en 2024, los empresarios se comprometerán a revisar la posible pérdida de poder adquisitivo producida por el aumento del Índice de los Precios al Consumo (IPC) y a reembolsar el 80% de esa diferencia. Los acuerdos han sido tachados por parte de CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) de “regalo a la patronal” y denuncian que se han realizado de espaldas a los trabajadores.

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