Sanidad pública
La huelga de limpieza en Osakidetza destapa la adjudicación de 50 millones a la empresa de un exlíder del PNV

Dos trabajadoras fueron detenidas y otras cuatro, identificadas. Una huelguista, aporreada por los agentes, tuvo que ser trasladada al servicio de Urgencias del mismo Hospital de Cruces donde se manifestaba junto a sus compañeras. La Ertzaintza había cargado contra ellas en la primera jornada de protestas convocada por los sindicatos con representación en las subcontratas de limpieza de Osakidetza. La mayor de esas subcontratas es Garbialdi, dirigida por Josu Olazaran, alias “El zorro plateado”, exburukide del Euzkadi Buru Batzar del PNV, exapoderado del partido en Juntas Generales de Bizkaia y exconcejal en el Ayuntamiento de Sestao.

Como muestran los contratos a los que ha tenido acceso Hordago- El Salto, a esta empresa han ido a parar 50 millones de euros de dinero público procedentes de Osakidetza. 

La vinculación del propietario de Garbialdi con el PNV comenzó en la década de los ochenta, cuando Olazaran e Iñaki Azkuna, por entonces director general de Osakidetza, participaron en los informes que realizaba el Partido sobre los candidatos a las primeras promociones de la Ertzaintza. Estos documentos, elaborados en reuniones celebradas en los batzokis, contenían recomendaciones que hacían llegar a la Consejería de Interior. Lo que lleva a una peculiar situación: es posible que los altos mandos que ordenaron cargar contra las empleadas de Garbialdi que se manifestaron en febrero en Cruces hubieran ingresado en la Ertzaintza gracias a Azkuna, exconsejero de Sanidad, y a Olazaran, propietario de la empresa.

Ampliar

Millones para la empresa que bloquea el convenio

La consejera de Salud acusó a las empleadas de la limpieza de Garbialdi de “irrupción de forma repentina en un centro hospitalario usando la fuerza para poder desbordar a la vigilancia de seguridad habitual”, justificando así la acción de la Ertzaintza. Gotzone Sagardui obvió que otras empresas de Josu Olazaran, como Premiatsu e Integral de Vigilancia y Control, también son importantes subcontratas de Osakidetza, en este caso en materia de seguridad.

Entre los años 2019 y 2022, Garbialdi, a su vez contratista del Departamento de Seguridad, ha sido adjudicataria de diversos contratos de limpieza procedentes de Osakidetza por un valor total que supera los 50 millones de euros. Por otra parte, los contratos del Servicio Vasco de Salud con Integral de Vigilancia y Control, también contratista del mismo departamento liderado por Josu Erkoreka, ascienden a más de ocho millones entre los años 2019 y 2022. Por último, los contratos de Osakidetza con Premiatsu más relevantes son anteriores al año 2019. Entre ellos se encuentra el "servicio de vigilancia y servicio de auxiliares para las organizaciones de servicios de la red de Osakidetza en Araba”, adjudicado en 2018 por 870.450 euros.

Las empleadas del servicio de limpieza subcontratado por Osakidetza, un colectivo de 2.500 trabajadoras, llevan más de cinco años sin convenio y las negociaciones con las empresas están bloqueadas

Las empleadas del servicio de limpieza subcontratado por Osakidetza, un colectivo de 2.500 trabajadoras, llevan más de cinco años sin convenio y las negociaciones con las empresas están bloqueadas. Los sindicatos han denunciado que Osakidetza “no se ha dignado” ni a contestarles cuando se han dirigido a sus responsables para tratar de desbloquear el conflicto. Reclaman su homologación con el personal propio del Servicio de Salud, pero Garbialdi ha informado a sus empleadas que la dirección de Osakidetza no se va a hacer cargo de una de las materias a adaptar como es el complemento de carrera profesional.

No es la primera ocasión en la que la Ertzaintza se emplea a fondo contra las empleadas de Garbialdi. En diciembre del 2022, durante una marcha de estas trabajadoras que había comenzado en Barakaldo desde el Hospital de Cruces, la Ertzaintza les impidió acceder al Hospital de Basurto, en Bilbao.

Limpieza de las comisarías

El propietario de Garbialdi mantuvo estrechas relaciones con responsables de la Ertzaintza hasta finales de la década de 1980. Antes de ser nombrado consejero de Interior en 1991, Juan Mari Atutxa ejerció de teniente-alcalde del Ayuntamiento de Lemoa y a su vez era diputado de Agricultura, con Josu Olazaran ocupando el puesto de inspector de los servicios de seguridad de la Diputación, adscrito al Departamento de Agricultura. 

Paradójicamente, las empleadas de Garbialdi son las encargadas de la limpieza de comisarías de la Ertzaintza, sedes judiciales y centros de educación

Paradójicamente, las empleadas de Garbialdi son las encargadas de la limpieza de comisarías de la Ertzaintza, sedes judiciales y centros de educación. En 2019, reprocharon a Emakunde no haberles recibido para ayudarles a acabar con la brecha salarial que padecen respecto a otros colectivos como el de trabajadores de limpieza de calles y de carreteras, ambos sectores masculinizados. Por aquellas fechas, los sindicatos con representación en la contrata de limpieza del Hospital de Txagorritxu, en manos de Garbialdi, denunciaron la “represión” que padecían por parte de la subcontrata, junto a la aparición de un nuevo sindicato, CUT, creado ad hoc por los propietarios de la empresa.

La carrera del “zorro plateado”

Antes de iniciar su carrera empresarial, el PNV confió a Josu Olazaran, por entonces miembro del Bizkai Buru Batzar, el proceso de elaboración de listas electorales y la constitución de la Fundación BBK, en este caso junto al tesorero del partido José María Zalbidegoitia. En la actualidad, la BBK está presidida por Xabier Sagredo, extesorero del mismo Bizkai Buru Batzar.

Uno de los hitos de la carrera empresarial de Olazaran tuvo lugar en 2012, cuando se asoció con el que fuera Diputado General de Bizkaia implicado en los papeles de Panamá, José Alberto Pradera. Juntos empezaron a dirigir Limpiezas Iris, empresa que también operaba bajo la marca Alfus. Hace dos años, el fondo suizo Ufenau Capital Partners pagó entre 10 y 30 millones de euros por hacerse con la empresa de Pradera y Olazaran.

Uno de los hitos de la carrera empresarial del empresario que mantiene a las trabajadores de la limpieza en huelga se asoció con el que fuera Diputado General de Bizkaia, implicado en los papeles de Panamá, José Alberto Pradera

Josu Olazaran continuó su actividad en el sector privado estableciendo importantes relaciones societarias con el empresario de moda de la época: pasó a convertirse en socio de Jabyer Fernández, avalado en su día por Pradera y José Luis Bilbao. Por otra parte, un fallido proyecto de Jabyer Fernández en el municipio de Alonsotegi, cuna del lehendakari Iñigo Urkullu, fue respaldado por el entonces exalcalde de Alonsotegi Gabino Martínez de Arenaza, ahora imputado por corrupción. Jabyer Fernández es en la actualidad el mayor moroso de la Hacienda de Bizkaia, con una deuda cercana a los 53 millones de euros. 

Los tentáculos de Garbialdi también alcanzan el municipio de Alonsotegi. En 2018, tras una denuncia de EH Bildu, el PNV se vio obligado a retirar una partida de 100.000 euros destinada a gasto social con la que pretendía pagar los intereses de una deuda que tenía con Garbialdi. Dos años más tarde, a iniciativa del mismo partido, el Ayuntamiento aprobó dar por finalizados los contratos de limpieza viaria y jardinería que tenía contratados Garbialdi por “graves incumplimientos de los pliegos de condiciones”. Garbialdi empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Alonsotegi en la etapa de Gabino Martínez de Arenaza como alcalde del municipio (1999 y 2003).

Bajo la lupa del Tribunal de Cuentas

Varios contratos públicos adjudicados a Garbialdi han estado bajo la lupa del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) antes de que este estuviera presidido por José Luis Bilbao. En 2011, el TVCP ya advirtió irregularidades en la forma de adjudicar a Garbialdi, y señaló que cerca de 14 millones de euros habían experimentado esta práctica, como el “servicio de Limpieza del Hospital Universitario Basurto y Ambulatorio de Txurdinaga”. Pero el reproche más importante del tribunal fiscalizador se había producido un año antes, en el marco de un contrato del “caso Margüello”, una trama de irregularidades en Osakidetza por el que fue condenado un ex Director Territorial del Departamento de Sanidad. 

El reproche del tribunal estaba relacionado con un contrato para atención domiciliaria. Uno de los lotes fue adjudicado a Medical Dom, una empresa de la trama del “caso Margüello”. El otro lote fue a parar a la empresa del exburukide Josu Olazaran. Según el TVCP, en 2007 “se pudo comprobar que Garbialdi no contaba con autorización sanitaria específica para llevar a cabo la atención urgente localizada, por lo que se notificó a esta empresa la imposibilidad de continuar con la contratación celebrada, pasando a contratar la atención médica urgente localizada en estas zonas con Medical Dom”.

Mencionada por la trama del “caso De Miguel”

En 2011, el nombre de Garbialdi también apareció en la investigación sobre una trama de comisiones ilegales de exaltos cargos del PNV, el denominado “caso De Miguel”. El ya condenado exteniente de Diputado General de Araba, Alfredo de Miguel, mostró interés por un contrato del Departamento de Sanidad para la limpieza del hospital de Santiago en Gasteiz, finalmente adjudicado a Garbialdi en 2008.

Según se desprende de un correo remitido al exburukide De Miguel, el empresario Josu Álvarez, casado con la exteniente de alcalde en Laudio por el PNV, Leire Orueta, comentó que el contrato fue a parar a “los de siempre” y le daba las gracias por los “esfuerzos realizados” a su favor que fueron “importantes”.

Otro de los exburukides de la trama, Koldo Otxandiano, había presidido durante años la mesa de contratación del hospital de Santiago en calidad de director económico-financiero del centro de salud. Cuando adjudicaron la limpieza del Hospital de Santiago a Garbialdi, el contrato estaba firmado por la nueva directora económico-financiera, Beatriz Artolazabal, en la actualidad candidata del PNV a la alcaldía de Gasteiz.

Mano de hierro con las empleadas

Tras abandonar la política, el exburukide Josu Olazaran, administrador de la subcontrata Garbialdi, ha manejado con mano de hierro sus intereses en el sector privado. En 2021, empleadas de Garbialdi fueron invitadas a la comisión de Salud del Parlamento Vasco. Solicitaron el anonimato porque no descartaban “represalias por parte de la empresa”. Un año antes, Garbialdi, con sus operaciones extendidas por todo el Estado español, sancionó sin empleo y sueldo durante 45 días a cuatro sindicalistas y trabajadoras del Hospital Clínico San Carlos de Madrid por denunciar falta de material para limpiar el centro. 

Cabe señalar que Integral de Vigilancia y Control, dirigida por el propietario de Garbialdi, fue contratada para labores de seguridad en el Hospital Santa Marina días antes del cese de su director, José Luis Sabas, quien se había vacunado irregularmente durante la pandemia. Sabas fue mano derecha de Azkuna tanto en la Consejería de Sanidad como en la alcaldía de Bilbao. 

Garbialdi, presente en todo el Estado español, sancionó sin empleo y sueldo durante 45 días a cuatro sindicalistas y trabajadoras del Hospital Clínico San Carlos de Madrid por denunciar falta de material para limpiar el centro

Mientras algunos jeltzales se vacunaban saltándose la lista de espera, empleadas de Garbialdi denunciaron que durante la pandemia recibieron “un trato discriminatorio” por parte del Departamento de Salud. El sindicato LAB denunció la “actitud mafiosa” de Garbialdi durante la pandemia, una empresa que tenía “el dudoso honor de ser la que más denuncias acumula en la Inspección de Trabajo”, pero la Administración Pública Vasca le seguía adjudicando contratos. Ellas siempre han estado en primera línea del frente, como en 2015, cuando Osakidetza adjudicó a Garbialdi el “servicio de limpieza y desinfección de cualquier espacio infectado (centros sanitarios, espacios públicos, vehículos, ambulancias, domicilios) tras contaminación de virus Ébola”. 

La empresa vasca de limpieza es una importante adjudicataria del Servicio Madrileño de Salud e incluso del Gobierno español. Patrimonio Nacional ha llegado a contratarla para limpiar los edificios, locales y dependencias del complejo de la Zarzuela. Mientras los contratos adjudicados a Garbialdi en Madrid por los gobiernos de  Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o Isabel Díaz Ayuso han sido objeto de polémicas mediáticas, las adjudicaciones del gobierno de Iñigo Urkullu a la empresa del exburukide del PNV pasan como algo dentro de lo normal en el oasis vasco.