Derecho a la vivienda
Instituciones, fondos buitre e inmobiliarias se dan cita en Madrid en plena crisis de vivienda

Madrid amanecía este martes 21 de mayo con la demoledora noticia del desahucio de Marta y sus tres hijos de 15, nueve y un años en Leganés tras meses ocupando una vivienda vacía ante la imposibilidad de acceder a un alquiler social. El piso donde residía pertenece a Licata Residencial, un fondo buitre que, a pesar de tener cientos de pisos vacíos en la geografía española, denunció a Marta para recuperarlo. 

El desalojo de Marta se suma a tantos miles producidos en España en lo que llevamos de año, y a los 26.659 en 2023, en su inmensa mayoría ocasionados por impago del alquiler. En medio de esta acuciante crisis habitacional, los mismos agentes responsables de los desalojos se han citado del 22 al 25 de mayo en el pabellón nº 4 de Ifema en Madrid, en el marco de la feria inmobiliaria SIMA, un evento promotor de la actividad especulativa de las inmobiliarias apoyado por Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como del resto de instituciones públicas. 

La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar y decenas de colectivos han tejido una alianza para plantear una contraofensiva organizada este jueves y viernes en forma de acciones

En torno a este encuentro se congregarán actores del sector inmobiliario y financiero como Alquiler Seguro, fondo que ya ha sido denunciado en repetidas ocasiones por sus prácticas ilegales, pero también figuras gubernamentales, como el director general de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín Ramiro, el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y la ex secretaria general de Vivienda y actual presidenta de la patronal inmobiliaria Asval, Helena Beunza.

Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

El Sindicato de Inquilinos de Madrid y Facua denuncian que la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro está cobrando honorarios a los inquilinos, algo prohibido expresamente por la Ley de Vivienda, vigente desde abril.

“Se trata de un evento en el que se dan cita distintos actores implicados y responsables, culpables, directos de la especulación con la vivienda cuyo único fin es que  la vivienda sea cada vez un activo más rentable, más lucrativo y seguir convirtiéndola en una mercancía, expulsando con ello a las vecinas de sus hogares, forzando desahucios encubiertos o explícitos y gentrificando muchísimos barrios de Madrid”, explica a El Salto Lucas Vaquero, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. La celebración en Barcelona de The District, feria con características similares, estuvo a punto de ser cancelada debido a las fuertes movilizaciones ciudadanas que suscitó.

En medio de un contexto en el que el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler se ha disparado un 78% en los últimos diez años y la población se ve obligada a destinar de media un 43% de sus ingresos a pagar el alquiler, la feria tiene programadas charlas dirigidas a rentistas y fondos buitre con temáticas como “Invertir en pisos turísticos: situación del mercado”, “Inversión en la Costa de Andalucía: zonas, precios y rentabilidades” o “Cómo invertir en inmobiliario con acierto: preguntas y respuestas para pequeños inversores y propietarios”.

“El SIMA se dan cita distintos actores implicados y responsables, culpables, directos de la especulación con la vivienda cuyo único fin es que la vivienda sea cada vez un activo más rentable"

La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar y asociaciones y colectivos de toda la Comunidad de Madrid, tanto vinculados a la lucha contra la especulación como a otros frentes sociales, han tejido una alianza para plantear una contraofensiva organizada este jueves y viernes en forma de acciones directas contra la feria.

En esta ocasión al Sindicato de Inquilinas y a la PAH les acompañan en la convocatoria de las protestas más de una decena de organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, Frente Único del Pueblo, Extinction Rebellion, Amigos de la tierra, Espacio Bollero, el CSO La Rosa y Abrir Brecha. “Teníamos en mente que esta feria era uno de los grandes eventos en materia de especulación inmobiliaria y no podíamos dejar que esta ofensa e insulto de feria se celebrase sin dar una respuesta frente a ella”, explica Vaquero en referencia el éxito abrumador que ha tenido la convocatoria de las acciones contra el evento.

La primera de ellas tendrá lugar este jueves a las 18h en el metro Menéndez Pelayo, bajo el lema de #laferiadelavergüenza, a la que seguirá otra el viernes en el interior del pabellón de Ifema donde se ubica la SIMA. En ambas convocatorias las manifestantes pondrán el acento en la vivienda turística como el modelo residencial que fomenta la gentrificación y la masificación de los barrios, como han puesto de manifiesto las huelgas masivas en Canarias el pasado mes de abril.

El mercadeo con las casas de las vecinas de las comunidades más turísticas como Baleares o Madrid en detrimento del bienestar colectivo ha derivado en que estas comunidades sean las que destinan una mayor parte del sueldo al pago del alquiler: un 63% en el caso de Baleares y un 62% en Madrid, las únicas por encima del 60%, según cifras de Fotocasa. Estas cifras demuestran que el esfuerzo salarial para acceder al alquiler está muy por encima de lo recomendado por los organismos de control, que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda.

Las vecinas continúan bajo la ofensiva de los buitres

Hace unos meses la Comunidad de Madrid reveló que las viviendas de uso turístico se han incrementado en la ciudad un 41% desde 2017, contabilizándose en este tiempo cerca de 5.564 viviendas turísticas nuevas, así como más de 50 establecimientos turísticos (hoteles, pensiones, etc.). Laura [nombre falso para preservar su identidad], una de las víctimas del desamparo institucional ante los abusos de los buitres, es vecina del bloque de pisos de calle Tribulete, en Lavapiés, donde 54 familias viven bajo la amenaza del fondo Elix Rental Housing, que desde hace meses pretende hacerse con el conjunto de viviendas, dejando en la calle y sin alternativa habitacional a decenas de residentes. 

Esta empresa ha anunciado este año su plan de aumentar su cartera de inversión hasta llegar a la adquisición de 25 inmuebles en Madrid y Barcelona. “En el centro de Madrid hay bloques enteros de turismo y otros de contratos por menos de un año. El turismo destruye la vida de las comunidades porque echa a los habitantes de sus barrios suben los precios destruye cualquier relación humana”, sostiene Laura a este medio.

Para el movimiento de vivienda, la celebración de esta feria con la presencia y participación activa de responsables institucionales evidencia un conflicto de intereses plagado de escándalos

En el informe Vivienda, sanidad y educación fuera del mercado, publicado por el Sindicato de Inquilinas, se señala que todo el entramado de compra de viviendas con la connivencia de al CAM no es casual sino premeditado y calculado. El favorecimiento de la actividad especulativa se inserta, aseveran, dentro de una “estrategia planificada” por las instituciones madrileñas para deteriorar lo público con el objeto de segregar e imposibilitar una alternativa.

Una demanda colectiva contra CaixaBank intenta anular 16 cláusulas abusivas en contratos de alquiler

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

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El Sindicat de Llogaters lleva a la justicia a esta entidad financiera, a la que acusa de abusos sistemáticos en pisos de protección oficial levantados con subvenciones públicas por la Obra Social de la Caixa.

Para muchas vecinas y activistas del movimiento de vivienda, la celebración de esta feria con la presencia y participación activa de responsables institucionales evidencia un conflicto de intereses plagado de escándalos de puertas giratorias por parte del Gobierno de coalición. Tal y como ha denunciado el Sindicato de Inquilinos a través de un comunicado, “el evento muestra esta alianza entre poderes públicos y sector privado en lo que se trata de convertir a la vivienda en una mercancía para el servicio del capital y en detrimento de las personas que habitamos nuestros hogares y que formamos lo que es la ciudad”.