Derecho a la vivienda
Las familias del bloque La Dignidad siguen viviendo en la calle un mes después del desahucio

Algunas de las familias más vulnerables se han visto en la necesidad de acampar frente a los juzgados de Móstoles como acto de protesta ante el abandono del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que siguen sin ofrecerles alternativas adecuadas a la gravedad de cada caso.
Desahucio Móstoles julio 2023 - 6
El 17 de julio pasado fue desalojado por la policía el bloque de viviendas La Dignidad, de Móstoles. Ninguna de las 18 familias, con 18 menores a cargo, tenían alternativa habitacional en el momento del desalojo. Muchas siguen sin ella y viviendo en la calle. David F. Sabadell

Este lunes, 21 de agosto, se cumplía un mes del desalojo de 18 familias que habitaban el bloque La Dignidad en Móstoles. Desde entonces, a muchas de ellas no les ha quedado otra posibilidad que vivir en la calle, padeciendo el duro verano con altas temperaturas. La situación para algunas de las personas desahuciadas es muy vulnerable. Unas 50 siguen sin tener un sitio seguro y estable. El viernes pasado, Stop Desahucios Móstoles organizó una manifestación  que partió desde el bloque, ahora cerrado a cal y canto, hasta la plaza del Ayuntamiento mostoleño, con el fin de seguir visibilizando la situación de las personas desahuciadas, muchas de ellas con padecimientos de salud muy graves. Al terminar la manifestación realizaron una asamblea en la que decidieron plantarse en el Parque Huertas de la localidad, frente a los juzgados, y comenzar así un acto de protesta para exigir soluciones a las autoridades.

Sin embargo, el sábado a las 9 de la mañana, la policía les obligaba a levantar la acampada. Esa misma tarde noche volvían a colocar sus tiendas de campaña y a hacer guardias pero al día siguiente recibieron nuevamente las amenazas de la policía y algunas de las personas acampadas recibieron propuesta de multa. Ayer lunes por la mañana les visitó de nuevo la policía, y a la tarde, en plena ola de calor, les hicieron desmontar las carpas otra vez.

José Torralbo, portavoz de Stop Desahucios Móstoles, ha defendido que el acto de protesta había sido comunicado a la Delegación de Gobierno, y que la presencia de las fuerzas de seguridad estaría conculcando su derecho a manifestación. “Estas familias extremadamente vulnerables han sido desahuciadas sin ningún tipo de alternativa, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la Comunidad de Madrid y cuando vienen a dormir al parque, que es el único sitio que tienen, también quieren desalojarlos de aquí”, expresaba. El portavoz asegura que no van a dejar de pelear hasta conseguir una solución real para las familias: “Es un ejercicio del derecho de manifestación y expresión y de protesta contra una injusticia que se está cometiendo que es la vulneración del derecho fundamental a la vivienda”.

“Estas familias extremadamente vulnerables han sido desahuciadas sin ningún tipo de alternativa, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la Comunidad de Madrid y cuando vienen a dormir al parque, que es el único sitio que tienen, también quieren desalojarlos de aquí”

Muchas de las familias que aún no han encontrado dónde vivir se han visto, prácticamente desde el día del desahucio, en la necesidad de pasar sus días en la calle. Días después del desahucio, las familias presentaron una denuncia “por el abandono de las administraciones e incumplimiento de derechos”, ya que solo les ofrecían pasar dos días en un hostal o ir a un albergue, separando a los matrimonios, y a sus hijos bajo la amenaza de retirarles la tutela. Desde Stop Desahucios Móstoles insisten en que el Ayuntamiento de Móstoles tiene viviendas municipales vacías y cerradas, así como la Comunidad de Madrid

Vidas en el limbo

El bloque bautizado como La Dignidad era un edificio que llevaba ocho años abandonado y que al recuperarlo dio hogar a 54 familias a lo largo de los 13 años que se ocupó. En gran medida sus ocupantes han sido personas en situación de calle y en riesgo de exclusión social. Otras padecían una alta vulnerabilidad como madres con hijos sin posibilidades de pagar un alquiler, o personas mayores con minusvalías reconocidas, hernias discales, Parkinson, dolencias de corazón, procesos cancerígenos, trastornos psiquiátricos, diabetes... Todas estas personas rehabilitaron el bloque “y lo convirtieron en su hogar llenándolo de vida y dándole el uso que tiene que tener la vivienda que es servir de residencia y no en un elemento de especulación para el mercado”, señalan desde la asamblea de vivienda de Móstoles. De hecho, explican que hubo familias que cuando encontraron una residencia estable, abandonaron el edificio para ceder lugar a otras. “Podríamos decir que este edificio ha estado haciendo labores que le hubieran correspondido a la administración pública”, indican.

Asimismo, quieren dejar claro que durante años las familias de La Dignidad han solicitado una vivienda pública a la Comunidad de Madrid, administración que se las ha denegado con el argumento de no tener un título válido donde vivían, es decir que vivían ocupando, con lo que se les estaba discriminando por su situación jurídica y administrativa. En reiteradas ocasiones, tanto Naciones Unidas como el Defensor del Pueblo se han dirigido a la Comunidad de Madrid reclamándole que elimine el artículo 14 (F) del Reglamento de Adjudicación por discriminatorio. En esta situación se encontraban muchas de las familias hasta el momento del desahucio, pesándoles más el adjetivo de okupas que el de personas vulnerables sin hogar.

Desde Stop Desahucios Móstoles critican que la Comunidad de Madrid no haya hecho todavía uso del Real Decreto 42/2022por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Este plan está dotado con fondos europeos Next Generation en materia de vivienda y su programa prioritario establece que son para “dotar de alternativa habitacional a familias objeto de desahucio, mujeres víctimas de violencia de género y familias especialmente vulnerables”, como son las que residían en el edificio La Dignidad. Aunque existe ya un listado de ayudas concedidas de la convocatoria de 2022, en ella se especifica un requisito insalvable para muchas de las personas de La Dignidad como el tener un contrato de arrendamiento o título válido de alquiler de 600 euros para una vivienda, y no mayor de 300 para una habitación. Otros requisitos incluyen presentar la declaración de la renta, el empadronamiento, límite de ingresos, recibir otras ayudas, etcétera.

Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda Suspendido el desahucio del edificio La Dignidad de Móstoles
El juzgado suspende el desahucio del edificio La Dignidad en Móstoles e insta a los servicios sociales a cumplir la promesa de ofrecer alquileres sociales.
Las familias “agotaron todos los recursos jurídicos a su alcance para impedir el desahucio, sin embargo el Juzgado número 1 de Móstoles no quiso hacer un juicio de proporcionalidad que tuviera en cuenta los intereses en juego de las partes..."

Sin acceso a vivienda digna

Para Stop Desahucios Móstoles, el impedimento al acceso a una vivienda viene de lejos. Sostienen que es el propio Ayuntamiento quien ha incumplido las mociones que fueron aprobadas en Pleno municipal: una de 2016 donde se aprobaba que a estas familias se las buscaría una alternativa, y otra de 2019, que aprobaba que cuando hubiera resoluciones de Naciones Unidas, el Ayuntamiento buscaría alternativas habitacionales para las familias. “Evidentemente no se ha cumplido”, lamentan, y explican que las familias “agotaron todos los recursos jurídicos a su alcance para impedir el desahucio, sin embargo el Juzgado número 1 de Móstoles no quiso hacer un juicio de proporcionalidad que tuviera en cuenta los intereses en juego de las partes. Por un lado, un fondo buitre con mucho dinero en múltiples activos que podía esperar unos meses a recuperar su propiedad, y por otro lado, unas familias extremadamente vulnerables que reclamaban su derecho a una vivienda digna y adecuada”.

Denuncian que tampoco se ha tenido en cuenta la sentencia 1797/2017 del Tribunal Supremo que dicta que antes de proceder a un desahucio hay que tener en cuenta la protección superior de los menores, en este caso había 18 menores en el bloque La Dignidad. A esto agregan que el Juzgado de Móstoles tampoco ha cumplido con el decreto 5/2023, vigente hasta 31 diciembre, que indica que no se puede desahuciar a personas vulnerables sin alternativa haciendo caso omiso a los informes de vulnerabilidad remitidos por Servicios Sociales. Y, por último, tampoco admitió las resoluciones de Naciones Unidas que pedían al Estado español que se suspendiera este desahucio hasta que hubiera alternativa habitacional.

La asamblea Stop Desahucios Móstoles reconoce que fue propositiva al presentar a las administraciones un plan de viabilidad para resolver este conflicto de manera no traumática y que consistía en que el ayuntamiento proporcionaría alternativas temporales, que la Comunidad de Madrid adjudicaría las viviendas definitivas, y que el Juzgado suspendería el desahucio el tiempo necesario para llevar a cabo todo este proceso. Pero el resultado fue el desalojo del pasado 17 julio con amplio despliegue policial —25 furgones— desde las cinco de la mañana. A pesar incluso de que la policía entró a varias viviendas rompiendo puertas, las vecinas y vecinos de La Dignidad resistieron varias horas antes de abandonar el edificio.

El drama estaba servido porque nadie allí ofreció soluciones viables. Las familias acudieron a Servicios Sociales a reclamar las soluciones que les habían propuesto —dos noches en un hotel u hostal, o alquileres por un mes—, pero resultó que no eran ciertas. Así, la situación actual de las familias es: una familia con menores ha sido acogida por un compañero de la plataforma de Stop Desahucios de Móstoles, una mujer ha sido acogida por su exmarido durante dos meses para esperar que, ahora que tendría un título válido donde reside, la Comunidad de Madrid le pueda adjudicar una vivienda de emergencia. A una persona de 61 años la opción que le ofrecía Servicios Sociales era esperar a encontrar una plaza en una residencia. Estuvo unos días en un hostal y ahora está en la calle.

Uno de los casos más graves es el de una mujer con diversas enfermedades reconocidas que el mismo día del desahucio fue intervenida en un hospital para amputarle cinco dedos de un pie por su diabetes. Desde que salió del hospital, unos días después del desalojo, vive en la calle con su pareja, también desahuciado

A otras familias les ofrecieron estancias en albergues municipales, algunos fuera de Móstoles, que solo tienen opción separando a las familias y renunciando a la tutela de sus hijos. Otras familias no han recibido ninguna solución, por lo tanto, la mayoría de las familias han dormido a la intemperie desde hace un mes. Uno de los casos más graves es el de una mujer con diversas enfermedades reconocidas que el mismo día del desahucio fue intervenida en un hospital para amputarle cinco dedos de un pie por su diabetes. Carga, además, una bolsa ya que es una paciente ostomizada. Desde que salió del hospital, unos días después del desalojo, vive en la calle con su pareja, también desahuciado. Nadie les ha ofrecido hasta el momento una solución habitacional real.

A pesar de haber hecho esfuerzos colectivos desde Stop Desahucios Móstoles por encontrar sus propias alternativas, la situación que se les presenta es harto complicada precisamente por la situación de muchas de las personas enfermas que requieren de espacios adecuados a sus necesidades, sobre todo para mejorar su salud física y mental.

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