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Profesorado y familiares piden ser tenidos en cuenta para concretar el acuerdo educativo

El acuerdo anunciado el pasado 15 de abril tras la reunión entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional con las comunidades autónomas, para ver cómo abordar el final de curso y la evaluación del alumnado, vino acompañado de reacciones muy variadas. Algunas comunidades tardaron menos de 24 horas en mostrar su rechazo a la medida y varios colectivos de profesores y familiares valoraron positivamente lo esencial, pero manifestaron sus dudas y reticencias en algunos aspectos.

Sobre la reacción de varios líderes autonómicos de la oposición tras el anuncio de la ministra Isabel Celaá, los sindicatos de enseñanza insisten en que llamar “aprobado general” al acuerdo educativo es incorrecto: si hay excepciones por definición no es un aprobado general, y ya se ha especificado que cada estudiante tendrá sus notas al evaluar los dos primeros trimestres, explican. También se ha concretado que el curso académico acabará en la fecha prevista, pero han quedado muchos flecos sueltos: si se abrirán los centros en julio y para qué, cómo se abordará el inicio del curso del año que viene, de qué manera se tendrá en cuenta la actividad telemática y en qué cambios del sistema educativo puede traducirse la pandemia.

La ministra ha anunciado que se publicará una orden —no especificó cuándo— en la que se aporten más detalles, y recordó en rueda de prensa que las comunidades siguen teniendo sus competencias en materia de educación y que la medida se presentaba como “un paraguas” para que las autonomías las ejerzan. Pero esto, valoran desde varios colectivos docentes y de familias, se traduciría en que la pandemia perjudique más a unos estudiantes que a otros, como ya ha sucedido con la brecha digital y social evidenciada en la docencia telemática.

Varios colectivos temen que las diferencias entre comunidades a la hora de evaluar fomenten las desigualdades entre el alumnado, ya agravadas por la pandemia

“El último informe PISA concluye que el 14% del alumnado no tenía equipos digitales en casa —recuerda José Ramón Merino, portavoz del sindicato STEs—, ya de entrada es una cifra más elevada de la que da el Ministerio del 10-12%”. Eso, añade, sin contar con el hecho de que muchas familias tienen que compartir equipos informáticos entre varios miembros de la unidad familiar que necesitan emplearlos para las tareas escolares (de quizás más de un menor) y el teletrabajo. “Es imposible calcular esa cifra, pero no creo que sea descabellado decir que llega al 20% de población escolar”, sostiene Merino, quien destaca los esfuerzos de la propia comunidad educativa y la sociedad civil para paliar esa situación. 

primeros desmarques

No pasaron ni 24 horas desde el anuncio del acuerdo con las comunidades autónomas para que algunas se desmarcaran del mismo, algo que desde los colectivos consultados definen como “poco edificante” teniendo en cuenta lo excepcional de la situación. Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), cuenta que recibieron de manera bastante optimista el acuerdo, pero que les preocupaba cómo podía llevarse a cabo en las distintas comunidades autónomas para que no fomente desigualdades: “Parece que va a ser así porque ya hay territorios que se están desmarcando”, anuncia.

Andalucía fue la primera en manifestarse contraria, pero hasta la fecha las que se han opuesto más frontalmente han sido la Comunidad de Madrid y Murcia. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), lamenta la postura de algunos líderes autonómicos: “Al final resulta que quienes más defienden el Estado y la vertebración del mismo son capaces de utilizar políticamente cualquier cosa contra el Gobierno del Estado; cualquier cosa, aunque sea poner en cuestión la homogeneidad en el tratamiento a los alumnos dentro de un contexto tan difícil”, lamenta el portavoz. “Creo que todos los alumnos merecen ser tratados por igual en estas circunstancias, y no como se le ocurra al gobernante de turno en cada comunidad autónoma”, concluye.

Tres comunidades autónomas ya han rechazado el acuerdo educativo y otras tres lo ponen en duda

Redacción El Salto

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Tres comunidades autónomas ya han rechazado el acuerdo educativo y otras tres lo ponen en duda

Redacción El Salto

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Andalucía anunció que no acataría la medida consensuada el pasado 15 de abril unas horas después de que la ministra de Educación la hiciera pública. Madrid, Murcia, País Vasco y Castilla León han tardado menos de 24 horas en manifestar su rechazo hacia los acuerdos que trasladó Celaá, aunque por diferentes motivos. Galiza ha mostrado su desacuerdo, pero dice que lo acatará. 

Desde Galiza han especificado su disconformidad con el planteamiento, pero han dicho que lo acatarán. En el caso de País Vasco, no es tanto un desacuerdo sobre la propuesta como una reivindicación de autonomía. Murcia y Andalucía insisten en la necesidad de “acuerdos de manera expresa” y Castilla y León prefiere que, a partir de un número de suspensos, no se pueda pasar de curso. En cuanto a Madrid, Enrique Ossorio, consejero de Educación, mostró sus rechazo hacia el hecho de que la tercera evaluación fuera solo diagnóstica —algo que comparten otras autonomías— y acusó al gobierno de tener “grima al esfuerzo”.

“Resulta que quienes más defienden el Estado y su vertebración son capaces de utilizar políticamente cualquier cosa contra el gobierno del Estado, aunque haya que poner en cuestión la homogeneidad en el tratamiento a los alumnos en un contexto tan difícil”, lamenta García 

Un comentario, el de Ossorio, que recuerda a la postura de la privada, que pide flexibilidad y autonomía —remitiéndose a la ley— y se manifiesta “rotundamente en contra del aprobado general en coherencia con su propio lema, que es 'la excelencia e innovación educativa en España'”, según comunicado de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE).

posible apertura de los centros en julio

Una de las quejas que mantienen algunos sindicatos de enseñanza y colectivos de familiares, pero sobre todo los propios estudiantes, es la incertidumbre acerca de la celebración de la EBAU —antes Selectividad— que se pospuso a finales de junio o principios de julio, según la comunidad autónoma. La ministra insiste en que las pruebas deben ser presenciales, pero representantes del profesorado como Merino definen la decisión como “aventurada” y lamentan una decisión que se toman “a dos meses vista, cuando no podemos saber cómo vamos a estar, ya que la situación sanitaria es muy grave y es arriesgado hacer previsiones”.

El docente hace referencia en este punto a la posible apertura de los centros escolares en julio, ya que en la propuesta anunciada por Educación se planteaba aprovechar los meses de verano para hacer actividades de refuerzo. “La decisión es ambigua, ¿quién va a atender en los colegios? ¿Cómo va a ser esa atención?”, se pregunta Merino, quien valora la decisión como “un tanto política”: “Creo que había presiones por parte de partidos u organizaciones, y parece una declaración para atenuar esas demandas”.  Una vez que acabe el confinamiento, para Merino “lo mejor para los niños, niñas y jóvenes que han estado encerrados durante varias semanas es que descansen, disfruten y salgan si se puede”.

“El debate de que el curso académico pudiera durar más de lo previsto estaba fuera de lugar, porque ni los profesores ni los alumnos están ahora de vacaciones”, defiende García

García incide en ello: “Creo que el debate de que el curso académico pudiera durar más de lo previsto estaba fuera de lugar, porque ni los profesores ni los alumnos están ahora de vacaciones, alargar el curso a julio supondría infravalorar el trabajo que ambas partes están realizando”. Sobre la apertura de centros en julio, si el formato es lúdico y van a contratar expresamente a profesionales para el desarrollo, no rechazan la propuesta, aunque García reconoce que tiene “muchas cautelas” en vista a la situación sanitaria. En CEAPA les parece positiva la propuesta de refuerzo, pero apuntan a una cuestión fundamental: “No es lo mismo dar clases en unas comunidades autónomas que en otras, venimos diciendo que muchos centros de la escuela pública no están adaptados para dar clases en ciertos meses de verano... No puedes meter a niños andaluces en pleno julio, a 40 grados, en edificios que no están adaptados o que no tienen aire acondicionado”, apunta su presidenta.

docentes y familias piden más protagonismo

Lograr acuerdos entre los responsables políticos de la educación está resultando difícil, y en todo ese proceso hay un colectivo al que se nombra con frecuencia pero que no se siente tenido en cuenta: la comunidad educativa, el profesorado y las familias de los menores. Horas después del anuncio de la ministra, la Federación de Enseñanza de CC OO exigió a Celaá convocar la Mesa Sectorial —en la que están integrados los sindicatos de profesores— para debatir con los representantes del profesorado las medidas para el fin de curso y el inicio del siguiente: “Han discutido estas cuestiones con las comunidades autónomas, pero a los profesores no les han preguntado”, resume García.

“El órgano oficial de negociación ha sido convocado presencialmente una vez en dos años, y por ley cada vez que se saque un decreto que afecte al profesorado tienen la obligación de escuchar lo que tengamos que decir”, denuncia Merino

“Nos hemos sentido completamente apartados. La ministra Celaá tomó posesión en junio de 2018; en estos dos años, el órgano oficial de negociación, la Mesa General de Negociación del Personal docente no universitario, ha sido convocada una vez de manera presencial en dos años”, denuncia Merino. “Ni siquiera cumplen su propia legislación, ya que cada vez que saquen un decreto que afecte al profesorado tienen la obligación de convocar esa Mesa para, por lo menos, escuchar lo que tenemos que decir los representantes del profesorado”, detalla. La segunda vez que se convocó fue telemáticamente, en marzo, para una cuestión técnica de las oposiciones de 2021, en la que ni siquiera estuvo la ministra o su número dos —lo cual marca el protocolo—, según narra el sindicalista. “La sensación que tuvimos es que querían quitárselo de encima, y estamos muy disgustados con la actitud de este ministerio en este aspecto”, concluye.

“En toda esta negociación con las comunidades autónomas también se tendría que haber hablado con la comunidad educativa, a la que tanta importancia se le da sobre el papel pero que luego nunca se lleva a la práctica”, lamenta Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA

“En toda esta negociación con las comunidades autónomas también se tendría que haber hablado con la comunidad educativa, a la que tanta importancia se le da en algunas ocasiones sobre el papel pero que luego nunca se lleva a la práctica”, reclama Cardenal. La portavoz asegura que se enteraron del acuerdo por rueda de prensa: ella pidió al secretario de Estado el documento ante una lluvia de titulares que no esclarecían nada, pero asegura que se lo negaron. “Me dijeron que la ministra iba a comparecer, le pedí que aún así nos hiciera llegar el documento y no me lo han enviado”, asegura. “Las administraciones tienen que contar con los representantes de las familias para hacer lo mejor para el alumnado entre todos. Las familias estamos resolviendo muchas dudas, asesoramos a otros padres y madres que nos llaman y queremos hacerlo con la información real y con fuentes oficiales, y en este caso se nos está dificultando un poco”, concluye. 

Protagonismo no es lo único que piden los docentes: también inversión. García también opina que la pandemia ha puesto de relieve las situaciones de desigualdad e incide en que se deberá poner más énfasis en las brechas que se han expresado en diversas maneras, como es el caso de los alumnos con becas de comedor, “que en algunas comunidades obtienen un vale para una compra del supermercado mientras que en otras tienen que comer del Telepizza”. 

De hecho, poner al día al alumnado que más dificultades tenga o que más perjudicado se haya visto por la pandemia a la hora de seguir las lecciones es una de las máximas preocupaciones del profesorado, y paliarla va a depender de los medios a su alcance. “Si los centros tienen esa dotación de personal se podrá dar una buena atención, pero eso implica desembolso de dinero”, resume Merino. García incide en la necesidad de que se cubran las bajas —algo que no está sucediendo en determinadas comunidades— y se refuercen plantillas una vez se regrese —la ministra ya ha sugerido que está vuelta podría ser escalonada— a las aulas.

“Llegar a la media de la UE de inversión del PIB en educación supone contar con un 20% más de presupuesto, con eso el profesorado podríamos hacer maravillas”, asegura Merino

“España dedica un poco menos del 4% del PIB a educación, estamos por debajo de la media de la UE, que es un 5%. Si llegásemos a la media, ya no te digo superarla, serían 12.000 millones de euros más. Para hacernos una idea —ilustra el protavoz de STEs—, todo lo que se gasta en el Estado español, las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, supone unos 50.000 millones de euros aproximadamente. Estaríamos hablando de más de un 20% el presupuesto, con eso el profesorado podríamos hacer maravillas”.

¿Y si no se invierte en educación, sino que, ante la previsible crisis, se recorta? “Eso significará que no habremos aprendido nada”, resuelve Merino. “Esa fue la reacción tras la crisis de 2008, recortar en servicios básicos, en sanidad y en educación. Y ahora los estamos pagando carísimo”.