Crisis económica
El Gobierno acuerda prolongar los ERTE hasta el 30 de septiembre pero elude hablar del impuesto a los ricos

La crisis socieconómica sigue quemando etapas a toda velocidad. La jornada de hoy ha sido clave para fijar el escenario del verano: el Gobierno ha conseguido sacar adelante el decreto de la llamada “nueva normalidad” con una mayoría amplísima en la cámara. En otro escenario, sindicatos y patronal también se han puesto de acuerdo con el Gobierno para firmar una prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Pero las buenas noticias para las fuerzas gubernamentales no han tapado el anuncio de ayer de que está muy lejos cualquier acuerdo para recaudar dinero de las grandes fortunas para sufragar las medidas de emergencia tomadas desde los meses de marzo.

La moratoria de los ERTE, una medida que ha servido para mantener trece de cada cien puestos de trabajo cubierto con dinero público, llegará hasta finales del mes de septiembre. El acuerdo se produce seis días antes del final del primer periodo aprobado durante el estado de alarma, que contemplaba la vigencia de los ERTE hasta el 30 de junio.

No se trata de todos los ERTE sino de los de fuerza mayor, los únicos que se adecuan a la fórmula propuesta desde un inicio por el Ministerio de Empleo de Yolanda Díaz. El Gobierno aceptó ayer, 24 de junio, que las empresas puedan acogerse a nuevos ERTE de fuerza mayor total si se produce un rebrote de la pandemia del coronavirus en España.

El Gobierno ha impuesto que los ERTE que implican el cierre total no se prorroguen en la fase de “nueva normalidad” sino que se debe justificar de nuevo el parón absoluto de la actividad económica.

La rebaja de las cotizaciones se modifica ligeramente sobre los nuevos ERTE, aunque la patronal ha arrancado mejoras en ese sentido en los ERTE por causas objetivas y también pagará menos cotizaciones sociales en los expedientes por fuerza mayor que solo supongan una reducción parcial de la plantilla. 

Tras la experiencia de 2008, el recurso a la suspensión temporal de empleo ha sido la fórmula escogida por las principales economías de la Unión Europea. En España, un 13% de la fuerza de trabajo se ha visto cubierto por esta fórmula. Es una cantidad menor que la de los trabajadores alemanes afectados por el esquema kurzabeit (22%) el cassa integrazione guadagni italiano (28%) y el chomage partiel francés (45% de la población asalariada), según datos de la aseguradora Allianz. Francia ha anunciado recientemente que ampliará hasta dos años los subsidios a los ERTE.

El Gabinete de estudios de Allianz ha presentado esta semana un informe en el que alerta del riesgo de “nueve millones de trabajos zombies” en el contexto de la crisis del covid-19. Las restricciones sanitarias y medidas de confinamiento, el confinamiento “voluntario”, la desconfianza económica interna y la caída de las exportaciones son un amenaza para estos nueve millones de trabajadores, actualmente en esquemas de suspensión temporal y, según Allianz, candidatos a perder su trabajo en 2021.

Los trabajos “zombies” son más intensos en Italia y España debido al peso de sectores especialmente elásticos (en los que la necesidad de mano de obra se modifica con más facilidad en función de la demanda) como la hostelería, el turismo o el pequeño comercio. Un 6.5% del empleo está en esta categoría, lo que amenazaría 1,3 millones de trabajos después de la fase de los ERTE.

Sin impuesto a los ricos

Como se adelantó ayer en distintos medios de comunicación, otra de las claves de la jornada de hoy estaba en el acuerdo de las dos fuerzas gubernamentales sobre sus conclusiones de los grupos de trabajo sobre reconstrucción económica y social. Unidas Podemos ha renunciado en estas conclusiones a su punto programático de un impuesto a las grandes fortunas. 

Los documentos aprobados apenas apuntan a un objetivo de “reducir la brecha fiscal con Europa” y abogan por el impulso a escala europea de la llamada Tasa Google, o impuesto sobre el beneficio de los servicios digitales de las multinacionales de Sillicon Valley.

La negativa del PSOE a introducir medidas adicionales de recaudación ha enfrentado al Gobierno con sus socios de investidura. Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y Más País han recordado a lo largo del día que el combustible para sostener las medidas de rescate puestas en marcha es la recaudación fiscal.  

Oskar Matute, diputado de EH Bildu, ha pedido “gallardía” para imponer a las grandes fortunas un impuesto excepcional para la redistribución. “No entendemos cómo se quiere recaudar un 7% más vía impositiva si no creamos nuevas figuras impositivas”, ha dicho Matute, quien ha recordado durante el debate parlamentario que los 23 ultrarricos españoles han conseguido un beneficio de 19.200 millones de euros en los últimos tres meses, según ha denunciado esta semana Intermón Oxfam.