Derecho a la vivienda
Vivienda: qué proponen los partidos en las elecciones andaluzas

La población andaluza tiene grandes problemas vinculados con la vivienda. Hasta ahí hay acuerdo entre todos los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas del 19 de junio. A partir de ahí comienzan los desencuentros, tanto en el diagnóstico como en las soluciones propuestas en los distintos programas electorales. 

Todas las formaciones, salvo Vox, defienden que el principal problema está vinculado con el acceso a la vivienda, incluso el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que habla del “derecho a una vivienda digna y adecuada” y de “garantizar la gestión de bolsas de viviendas destinadas al realojo de personas en situación de emergencia habitacional y a personas que hayan sido desahuciadas”. 

Para Vox, el principal —y único— problema vinculado con la vivienda es la ocupación ilegal, al que dedica uno de los diez apartados del flyer que ha lanzado a modo de programa electoral

Para Vox, el principal —y único— problema vinculado con la vivienda es la ocupación ilegal, al que dedica uno de los diez apartados del flyer que ha lanzado a modo de programa electoral. Dentro del punto de lucha “contra la inmigración ilegal y la creciente inseguridad en nuestros barrios y viviendas”, el partido de Macarena Olona promete un “refuerzo de la seguridad” para acabar con este fenómeno. 

El fantasma de la ocupación

El PP andaluz comparte con Vox la obsesión por la ocupación y promete que seguirá impulsando la Oficinas Antiocupación, la Guía Antiocupación y el Teléfono contra la Ocupación. El partido en el Gobierno andaluz, que ha afirmado que “prefiere” no tener que pactar un ejecutivo con Vox, también promete “atender a las víctimas de las ocupaciones de vivienda y propiciar el desalojo de los ocupantes de manera inmediata”. 

Inma Nieto: “Queremos un Gobierno con las prioridades ordenadas como las tiene ordenadas la calle”

Aurora Báez Boza

Elecciones

Elecciones en Andalucía Inma Nieto: “Queremos un Gobierno con las prioridades ordenadas como las tiene ordenadas la calle”

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La candidata de Por Andalucía reflexiona en torno a sus referencias políticas, las prioridades de la gente de a pie y las propuestas de su partido para este 19J.

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En efecto, Andalucía es una de las comunidades autónomas con más casos de ocupación ilegal, al menos según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su informe sobre el primer trimestre de 2022 la situaba a la cabeza de juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas, un total de 173. Una cifra que palidece ante la cifra de desahucios por impago de alquiler —1.224, 13 por día—, que colocan a Andalucía en el segundo lugar, después de Catalunya. 

La cifra de ocupaciones denunciadas tampoco resiste una comparación con el número de desahucios hipotecarios que contabiliza el CGPJ en los primeros tres meses de 2022, unos 508, que colocan a Andalucía en segundo lugar por detrás del País Valenciá. Y eso que hay una moratoria de desahucios vigente y todavía no se ha aplicado la gran subida de las hipotecas variables prevista para el siguiente trimestre.

Los programas del PSOE y Por Andalucía centran la mayoría de sus propuestas en la aplicación de la Ley de Vivienda estatal, un proyecto de ley descafeinado en su negociación final y cuya aprobación y aplicación no está garantizada antes de las elecciones generales de 2023

Para PSOE, Por Andalucía y Andalucía Adelante, la crisis habitacional está acentuada por una falta de parque público de vivienda, que representa en Andalucía apenas un 2,5% frente a una media europea del 9,3%, y más lejos aún de países más avanzados como Países Bajos, Austria o Reino Unidos, donde las viviendas públicas representan el 32%, el 23% y el 18% respectivamente, tal como recuerdan en el programa del partido de Teresa Rodríguez.

Además de los desahucios, el hacinamiento, la infravivienda, “la dificultad cuando no la imposibilidad de emancipación juvenil” o la situación de las personas sin hogar son otros de los problemas derivados de la crisis habitacional que atraviesa España desde hace más de una década y que golpea especialmente a Andalucía, según defiende el programa de Adelante Andalucía. “Ante este debate, el Gobierno andaluz no ha dudado en colocarse desde un primer momento del lado de los fondos buitres y otros grandes tenedores de vivienda. No se han planteado en ningún momento intervenir el límite de los precios del alquiler, tomar medidas para evitar el fenómeno de la vivienda vacía o garantizar el acceso a la vivienda para las personas con mayor riesgo de exclusión”, señalan desde Por Andalucía. 

¿Esperar la ley estatal o ley de vivienda andaluza?

Otro de los fenómenos que centra la atención de los partidos de izquierda, especialmente el de Inma Nieto y el de Teresa Rodríguez, es el de la gentrificación y expulsión de los vecinos del centro de las ciudades por el auge del turismo y los pisos Airbnb. Desde Adelante Andalucía, el programa que se detiene más en analizar el punto de partida, hablan de una “nueva burbuja inmobiliaria relacionada con la subida de los precios del alquiler y la turistificación”, una segunda burbuja que necesita una respuesta urgente desde la administraciones autonómica.

Teresa Rodríguez: “Hay que recuperar las lógicas de cooperativismo y autogestión que se han visto tradicionalmente entre las familias de Andalucía”

Aurora Báez Boza

Elecciones

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La candidata de Adelante Andalucía reflexiona sobre los retos del próximo gobierno andaluz, las propuestas de su partido y sobre hacer política desde Andalucía.

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Aunque este punto de partida no difiere demasiado entre los diferentes partidos de izquierda o centro-izquierda, las soluciones propuestas tienen difícil encaje. Los programas del PSOE y de la coalición Por Andalucía centran la mayoría de sus propuestas en la aplicación de la Ley de Vivienda estatal, un proyecto de ley descafeinado en su negociación final y cuya aprobación y puesta en funcionamiento no está garantizada antes de las elecciones generales de 2023, algo que podría convertir en inaplicable la medida estrella del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. El programa del PSOE andaluz menciona nueve veces la ley de vivienda estatal, mientras que el de Por Andalucía lo hace dos veces, pero centra su lucha contra la especulación y los precios en “desarrollar en Andalucía y en su máximo exponente la futura ley de vivienda aprobada por el Gobierno central”.

En contraposición, Adelante Andalucía no menciona ni una vez la ley de vivienda estatal y se centra en la necesidad de lanzar una ley de vivienda propia —como ha hecho Catalunya—, que vaya más allá de la estatal. Y mientras se aprueba esta ley, proponen paralizar todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, congelar los precios de los alquileres y prohibir los cortes de suministros. 

Entre las propuestas estrella del PP figura el Bono Joven de Alquiler de 250 euros al mes, sin mencionar que se trata de una iniciativa del Gobierno central ni nombrar en ningún momento de las 426 páginas del programa si pretende aplicar la Ley de Vivienda en el caso de que sea aprobada

Sobre desahucios, además de lo contemplado en ley estatal en trámite, desde Por Andalucía proponen la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda. Entre las coincidencias entre Adelante Andalucía y Por Andalucía destaca el traspaso de las viviendas de la Sareb al parque público, aunque difieren en las formas: el partido de Inma Nieto ofrece “proponer a las entidades propietarias”, entre ellas la Sareb, un convenio para la cesión de viviendas inacabadas y deshabitadas. Desde la formación de Teresa Rodríguez proponen, en cambio, la “incorporación inmediata del 100% de las viviendas de la sea titular el Sareb en Andalucía” al parque público.

Parque público de vivienda

Otra semejanza entre todos los partidos —salvo Vox— es la necesidad de ampliar el parque público de vivienda con nuevas viviendas. Entre las propuestas más ambiciosas figura la de Por Andalucía, que promete movilizar recursos para la construcción de 40.000 viviendas, la mitad para jóvenes y destinar 1.000 millones de euros propios —sin contar con los fondos europeos— a políticas de vivienda. El PP plantea seguir con su Plan Vive y destinar 173 millones a las construcción de nueva vivienda en alquiler en suelos públicos con “posibilidad de participación de iniciativa privada”. Además promete 6.000 nuevas viviendas a “precios asequibles”. Entre las propuestas estrella del PP andaluz figura la implementación del Bono Joven de Alquiler de 250 euros al mes, sin mencionar que se trata de una iniciativa del Gobierno central ni nombrar en ningún momento de las 426 páginas del programa si pretende aplicar la ley de vivienda en el caso de que sea aprobada. 

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Dentro de la ley de vivienda andaluza que defiende Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez propone ampliar la reserva de vivienda protegida en las nuevas urbanizaciones que contempla la ley de vivienda estatal. Frente a un 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones de la ley en trámite el Congreso, Adelante Andalucía propone que se reserve en las nuevas promociones de vivienda al menos el 50% de la superficie para vivienda protegida de la que al menos un 60% será para alquiler social.

El PSOE de Juan Espadas añade 4.000 viviendas en alquiler al parque público, contempla un aumento del presupuesto en vivienda hasta el 2% y un programa de avales a la compra de vivienda por la juventud “para propiciar el acceso a la vivienda en propiedad, fundamentalmente de la vivienda protegida”. 

Una dirección que no es compartida por los otros partidos de izquierda, que centran sus propuestas en la vivienda protegida en régimen de alquiler y en la prohibición de descalificar este tipo de vivienda para venderlas en el mercado libre, según la versión de Por Andalucía. Desde Adelante Andalucía, proponen “prohibir la venta de vivienda pública”.

Cortes de suministros

Otro de los graves problemas vinculados con la vivienda en Andalucía son los cortes de suministros. En distintas localidades y barrios empobrecidos de esta comunidad autónoma se han sucedido cortes de suministro durante meses con la excusa de cultivos ilícitos y transformadores quemados. En barrios precarios de Granada, Sevilla o Cádiz desde años se suceden conflictos con Endesa por reiterados y a veces permanentes cortes de electricidad. Según denunció la Defensoría del Pueblo andaluz, las consecuencias ya se están notando en la educación, en la falta de conservación de los alimentos, en la seguridad de los enfermos crónicos, en la higiene, en los ascensores para personas mayores y con problemas movilidad, entre un largo etcétera. 

Tanto Vox como PP no mencionan este asunto en sus programas electorales. El PSOE y Por Andalucía aseguran que garantizarán los suministros a las familias vulnerables sin mencionar medida concretas y Adelante Andalucíapropone la prohibición de cortes de suministro por razones económicas.