Caza
Más de 200 organizaciones acusan a Planas de oscurantismo y de servir al lobby cinegético con la estrategia nacional de caza

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se apresuraba a añadir la palabra “sostenible” en los diferentes mensajes públicos transmitidos sobre la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Aprobada el 7 de marzo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural por el Ejecutivo estatal y las comunidades autónomas, desde el Ministerio que preside se señalaba que la Estrategia nacía “de la colaboración y trabajo conjunto de las Administraciones central y autonómicas, así como del propio sector y entidades científicas para fomentar la caza sostenible”.

Planas aseguraba asimismo en una entrevista a Castilla-La Mancha Media un día antes que el objetivo era “desarrollar una caza que sea sostenible y permita la continuidad y la preservación de especies y hábitats”.

Sin embargo, decenas de entidades defensoras del medio ambiente y de la sostenibilidad se han puesto en pie de guerra contra la Estrategia aprobada por el Ministerio y han exigido al ministro la anulación inmediata del texto.

En un manifiesto firmado por más de 200 organizaciones sociales, ecologistas y defensoras de los animales, —texto base de una exitosa campaña llevada a cabo en redes sociales el pasado día 20— las entidades contrarias a la nueva legislación acusan al Gobierno de crear un documento hecho a la medida del lobby de la caza y de no tener en cuenta el sentir ciudadano sobre este tema. “No podemos permitir que ese documento marque la vida de más del 98% de la ciudadanía no cazadora, ni que se promueva la violencia en los menores obligándolos a ser testigos de escenas crueles que incluyen el uso de armas y se siga masacrando de forma brutal nuestra fauna silvestre, patrimonio fundamental de la biodiversidad de este país”, señala el texto. 

Sin base científica

Las organizaciones que piden la retirada del documento que sienta las bases para la actividad cinegética en España remarcan que el Informe de Diagnóstico del Sector Cinegético del año 2018, elaborado por el Ministerio, una de las bases en las que se ha basado la Estrategia, “está basado en datos de encuestas, entrevistas y llamadas telefónicas a cazadores, sin mencionar ninguna fuente científica, de inventarios de especies o similar”.

Asimismo, frente a la consideración de la caza como una herramienta de gestión sostenible de las especies silvestres y hábitats, los colectivos firmantes remarcan: “La actividad cinegética no solo no es sostenible, sino que favorece la desaparición de especies vulnerables como el lobo, el oso, la tórtola europea y el lince”.

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Todavía oyéndose los ecos de la manifestación en Madrid de un variopinto grupo de organizaciones agrarias, ganaderas, en defensa de la caza o del toreo, un análisis de los contenidos de la convocatoria a cargo de Eugenio Romero, agricultor extremeño.

Además, señalan que el Consejo de Caza y la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética “deberían encajarse dentro de la estructura de la Administración General del Estado en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el competente en esta materia y no en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.

Estudios “sesgados”

Mientras el Ministerio señala que la actividad cinegética “tiene un fuerte arraigo en el territorio y juega un papel importante en la conservación de la naturaleza o en la diversificación económica”, con actividades como la promoción del turismo y la gastronomía ligadas a las zonas en las que se desarrolla la caza, las organizaciones firmantes del manifiesto rebaten ese argumento señalando que “no existe ningún estudio que no sea sesgado que sea completamente imparcial” para sostener la afirmación de que la caza es un recurso económico trascendente.

Y respecto a la supuesta fijación de la población rural, que defiende el Ministerio y el sector, los colectivos recuerdan que incluso desde la Fundación Artemisia, ligada al sector cinegético, se reconoce que el 78% de los empleos que genera la caza son temporales y de solo un día, remarcan.  De hecho, acusan al lobby de la caza de contribuir al vaciamiento de las zonas rurales “debido a la imposibilidad de acceder a los espacios naturales en el amplio período de duración de la actividad cinegética, para realizar actividades realmente rurales o desarrollar otro tipo de iniciativas complementarias de carácter lúdico-turístico”.

“Ni serio ni riguroso”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha señalado este 23 de marzo que el documento nace “sin que se haya dado la debida información pública, sin atender en pie de igualdad a los colectivos interesados, especialmente del sector ambientalista y animalista, y sin haberse sometido al Consejo Forestal Nacional”. Por el contrario, acusa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de acordar la estrategia “a puerta cerrada con el sector cinegético y con las consejerías de las comunidades autónomas”, para más adelante realizar “una rápida consulta pública por Internet unas pocas semanas antes de la aprobación”.

Es por ello que la confederación de organizaciones ecologistas apunta que “hay muchos motivos para pedir la anulación de la Estrategia” y ve en el documento —al que tilda de “ni serio ni riguroso”— una intención por parte del ministerio que lidera Planas de “lavar la imagen de la caza y de apoyar el actual modelo intensivo de explotación cinegética, obviando sus impactos y adjudicándole unas funciones ambientales, sociales y económicas falsas, basadas en documentos realizados por el sector de la caza”.

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Por todo ello Ecologistas en Acción ha iniciado los trámites para denunciar y paralizar la estrategia por la vía contencioso administrativa en los tribunales. También interpondrá una queja ante el Defensor del Pueblo.