Laboral
Las movilizaciones laborales calientan diciembre

Los sindicatos se lanzan a las calles para intentar influir en las negociaciones en curso sobre el futuro de las pensiones y de la reforma laboral.
Miles de trabajadores de la función público protestaron en Barcelona el 30 de noviembre contra el abuso de la temporalidad y la propuesta del Gobierno. Foto: Guillem M. (Directa)
Miles de trabajadores de la función público protestaron en Barcelona el 30 de noviembre contra el abuso de la temporalidad y la propuesta del Gobierno. Foto: Guillem M. (Directa)
1 dic 2021 06:00

Diciembre empieza cargado de movilizaciones. En este primer día de mes, la mayoría sindical vasca —ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru, CGT, CNT y Etxalde— se manifiestan en las cuatro capitales de Euskal Herria a las 11h para intentar influir en las negociaciones de la reforma laboral y de las pensiones. Le seguirán, por la tarde, diversas actividades en las comarcas.

Según estos sindicatos, los fondos europeos “se han convertido en una espada de Damocles”, otorgados a cambio de “medidas de ajuste social y políticas presupuestarias de austeridad”. La reforma laboral y de las pensiones, que deben concretarse antes de final de año, dicen en el manifiesto de la convocatoria, “pretenden tomar decisiones que van a determinar nuestras condiciones de vida y de trabajo futuras”. Estas reformas, indican estos sindicatos, “son condiciones sin las que los nuevos hombres de negro no van a dar luz verde al segundo tramo de transferencias de los Fondos al Estado español”.

Una treintena de colectivos y asociaciones sociales, estudiantiles, ecologistas, antimilitaristas se han unido a una convocatoria que pide “medidas políticas que pongan en el centro las vidas de todas las personas”.

El recorte a las jubilaciones anticipadas y la falta de garantías para las pensiones públicas tras el anuncio del mecanismo que sustituye al Factor de Sostenibilidad son algunos de los aspectos más criticados por estos sindicatos. Además, denuncian que la reforma de las pensiones no garantiza unas prestaciones mínimas “dignas” ni adoptan medidas para acabar con la brecha de género que hace que las mujeres cobren tras su jubilación un 30% menos que los hombres. 

La movilización sindical del 1 de diciembre pretende influir en las negociaciones de la reforma laboral, atascadas por la negativa de la patronal y de un sector del PSOE

El movimiento pensionista vasco se ha sumado a la manifestación del 1 de diciembre y ha reforzado sus concentraciones semanales de los lunes elevando el tono contra la reforma de las pensiones. Según denuncian, el mecanismo que reemplaza al Factor de Sostenibilidad “tiene la virtud de incrementar los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero no garantiza la financiación suficiente del sistema de pensiones” en las siguientes décadas. Por ello, critican, “tampoco hay garantías de que no habrá nuevos recortes y nuevos incrementos de las cotizaciones”.

La movilización también pretende influir en las negociaciones en marcha de la reforma laboral, atascadas por la negativa de la patronal y de un sector del PSOE de aceptar una limitación en la libertad de los empresarios para subcontratar personal o devaluar de forma unilateral las condiciones laborales y salariales. 

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La subida de las pensiones en un 2,5%, la media del IPC anual de 2021, es otro de los motivos de protesta para el movimiento pensionista. Según denuncian, el aumento de las pensiones en función del IPC está calculado de “una forma arbitraria” y no recoge el aumento real de los precios, que ya en noviembre era del 5,6% según el INE. Esta diferencia supone una pérdida para los pensionistas de entre 200 euros anuales para una pensión de 700 euros y de 714 euros anuales para una pensión de 1.700, según los cálculos de Marea Pensionista. El hecho de que la revalorización de las pensiones esté calculado por la media anual del IPC y no por el IPC anual acumulado supone una pérdida de poder adquisitivo del 3% para un sector especialmente vulnerable. 

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Los grandes en Barcelona

Los sindicatos, en este caso CC OO y UGT, también lideran una movilización para el próximo 12 de diciembre en Barcelona para prevenir futuros recortes sociales y exigir una actualización salarial ante el aumento de la inflación, más inversión en sanidad y educación o la derogación de la Ley Mordaza. A la convocatoria se han unido plataformas de defensa de los servicios públicos, como Marea Blanca, o asociaciones vecinales, como la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). 

“Es el momento de cambiar las políticas económicas”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. Especialmente cuando el IPC ha superado el 5,6% y el incremento salarial apenas ha llegado al 1,8%, señalan, y cuando el riesgo de pobreza y exclusión afecta ya al 26,3% de la población catalana. En este territorio, denuncian, 466.000 personas padecen de privación material. 

Entre sus demandas, esta plataforma exige la derogación de las reformas laborales, la defensa de los servicios públicos, de la educación y de la sanidad —en especial de la atención primaria— un salario mínimo de 1.000 euros en enero 2022 o la regulación real del precio de la vivienda y del precio de la electricidad, entre otros.

Miles de personas recorrieron el centro de Barcelona este 30 de noviembre para protestar contra el abuso de la temporalidad y para dejar claro que no están conformes con la propuesta pactada entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV

También Barcelona fue el epicentro de las protestas de trabajadores de la función pública. Miles de personas volvieron a recorrer el centro de la capital catalana este 30 de noviembre para protestar contra el abuso de la temporalidad y para dejar claro que no están conformes con la propuesta pactada entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV. La norma dispone que los trabajadores interinos que lleven cinco años en la misma plaza pasen a ser fijos. Podrán hacerlo sin tener que convocar una oposición, pero a través de un concurso de méritos. Los sindicatos convocantes, la Taula Sindical —CGT, CNT, CoBAS, COS, IAC y SO— y la Intersindical-CSC, denuncian que la ley permitiría que las administraciones opten por no convocar estos concursos, perpetuando la situación de precariedad de miles de trabajadores que empalman contratos temporales en la función pública. El plazo de cinco años, sostienen, dejaría fuera a miles de trabajadores interinos y defienden que ese marco temporal se reduzca a tres años.

La movilización se produjo en una jornada de huelga con escaso seguimiento: un 10% según los sindicatos y un 2,8% según las cifras de la Generalitat. Se trata de la segunda huelga en menos de un mes. El pasado 28 de octubre, el paro tuvo un seguimiento mayor: del 18% según los sindicatos convocantes y del 7,3% según la Generalitat. Aquel día, 10.000 personas se manifestaron en la plaza Urquinaona de Barcelona, según la Guardia Urbana de Barcelona.

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