Educación
Tutorías “docentes” y aconfesionales

Según parece, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación, quiere estar a bien con Dios. Más papista que el papa y no satisfecha con la timorata intención del nuevo Gobierno de España en cuanto a la materia de religión en la enseñanza, a la que va a quitarle el valor computable a efectos académicos pero permite seguir campando a sus anchas en el predio educativo, ahora salta a los medios con una nueva y descabellada ocurrencia que no tiene ni pies ni cabeza: nombrar tutores y tutoras de grupo al profesorado de religión, un gremio compuesto por personas que son muy dignas como tal y a quienes muchos apreciamos como compañeros y compañeras, pero cuyo lugar no es el de la escuela pública, por las muchas razones que ya se han argumentado hasta la saciedad, tanto de carácter meritorio (no han demostrado su capacidad a través de ningún tipo de proceso selectivo u oposición), como de carácter igualitario (son colocados a dedo por el obispado), por no mencionar las de carácter proselitista e ideológico.

Huelga decir que intuimos que esta ocurrencia que pretende colocar en la tutoría –regulada normativamente como de atribución de funcionarios docentes- a un “profesorado” que pertenece al régimen laboral, no responde a criterios pedagógicos ni docentes ni educativos de ningún tipo, sino únicamente a la presión que cierto lobby catolicista con presencia de diversos profesores de religión, como es la Asociación de Padres de Extremadura (APADEX), ejerce sobre la Junta de Extremadura, tal y como ya quedó de relieve cuando esta última tuvo que ejecutar la sentencia del TSJEx devolviendo las horas que previamente se habían quitado a la religión, sentencia que fue ejecutada a instancias de la asociación de padres católicos mencionada.

[...] en el PSOE extremeño sigue habiendo mucho “capillita”. Basta con atender a la nomenclatura de buena parte de los centros educativos extremeños construidos durante el ibarrismo 

En apoyo y empuje del corporativismo catolicista de quienes quieren seguir en el centro educativo sin haber demostrado su capacidad, designados a dedo y cobrando del erario público, mientras adoctrinan en una creencia que debería quedar para el ámbito de lo íntimo y el espacio de los templos, acuden algunos sindicatos más interesados en defender los intereses laborales de unos cuantos afiliados que en la cuestión pedagógica, que les importa una higa, por no hablar de la cuestión laboral, que les importa otra, de quienes sí han demostrado su valía con años de esfuerzo, formación y dedicación, que pasan a un segundo plano y se arriesgan a perder competencias que hasta el momento eran suyas por ley, tales como la tutoría mencionada o jefatura de departamento.

Es sabido que en el PSOE extremeño sigue habiendo, como quien dice, mucho “capillita”. Basta con atender a la nomenclatura de buena parte de los centros educativos extremeños construidos durante el ibarrismo para percatarse acerca de cómo les ponía a algunos esto de la religión en las escuelas.

En cuanto a la postura estatal del PSOE frente a la más que necesaria laicidad de nuestra enseñanza y por ende del Estado, hay que decir que por encima del artículo 16.3 de la Constitución española, que establece la aconfesionalidad del Estado, está el artículo 1, que dice que España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Esos valores superiores entran en contradicción con los valores propugnados por la fe católica y la institución que la predica. El Estado Vaticano, con el que el español tiene firmado el acuerdo internacional por el que se rige la Iglesia Católica española, establece en el artículo 1 de su Constitución que el Papa tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, principio de la monarquía absoluta, lo cual aleja bastante a este Estado de ser considerado según los principios de la democracia. En cuanto a lo que le toca a la Iglesia Católica española, sujeta a los designios del Sumo Pontífice como cabeza visible de la misma, es una institución que dispone de una estructura interna autoritaria, permite y fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres y escapa del control económico del Estado español, incurriendo en sospechosas prácticas fraudulentas, tales como las inmatriculaciones de edificios públicos.

Ya va siendo hora de que el nuevo PSOE suelte el lastre que aún le queda de aquel otro de Felipe González que creó la escuela concertada, craso error que seguimos pagando entre todos. Con firmeza y valentía, aboguemos por una educación pública, laica, compartida e igualitaria: religión fuera de las escuelas.