Industria
Una semana para resolver la intervención estatal sobre Alcoa que evitaría 700 despidos

Procedentes de Galicia y Asturias, varios cientos de personas se han concentrado hoy frente al Ministerio de Industria en Madrid para exigir una solución en el conflicto de Alcoa. Con el lema “Alcoa no se cierra”, las 700 personas que componen la plantilla en España de esta multinacional exigen al Gobierno que tome las riendas del conflicto, después de que la compañía estadounidense anunciase un ERE extintivo para las 369 personas de la unidad productiva coruñesa y 317 en la avilesina. En la manifestación, que ha estado rodeada por la policía, se han producido empujones y algunos momentos tensos.

Desde primera hora de la mañana, los trabajadores y simpatizantes convocados en Madrid han demandado una respuesta ante el Ministerio, ante las repetidas negativas de la dirección estadounidense a negociar otra cosa que no sea el cierre de las plantas. Se trata de una empresa que fue privatizada y de la que el grupo Alcoa, tercer productor de aluminio a nivel mundial, ha obtenido grandes réditos en concepto de subvenciones.

La plantilla de Alcoa ha pedido a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que intervenga mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la recuperación de la planta. La solución tiene que llegar antes del 15 de enero, plazo en el que termina el tiempo que la multinacional ha dado para negociar el ERE. Está previsto que Maroto se reúna hoy con los representantes de Alcoa.

La intervención de la SEPI se ve como paso imprescindible para mantener el empleo y la competitividad de España en el sector del aluminio: esa intervención se puede plantear mediante un movimiento coyuntural por parte de Industria —que abriese las puertas de las dos plantas a otra empresa— o a través de la nacionalización de las unidades productivas. Hasta el momento, Maroto ha manifestado su intención de negociar hasta el final con los actuales propietarios.

En su origen, Alcoa era una empresa pública, Inespal, privatizada en 1998 por el Gobierno popular de José María Aznar. La producción de aluminio primario ha dependido desde entonces de esta multinacional. Alcoa vio cómo, a partir de ese momento, los beneficios de la llamada tarifa G4 hasta el año 2008 en concepto de pago de electricidad facilitaron a la empresa el control sobre el sector del aluminio en España. Tras el fin de esa tarifa, prohibida por la UE por vulnerar las leyes de competencia, Zapatero optó por enmascarar las subvenciones detrás de las compensaciones por interrumpibilidad.

El fin de esta práctica no terminó con la subvención indirecta de la multinacional de Pittsburgh, beneficiada por la política de subastas energéticas puesta en marcha por los Gobiernos de Rajoy. La compañía ha ingresado cerca de 1.000 millones en concepto de compensaciones desde que el mecanismo de interrumpibilidad se puso en marcha, lo que la convierte en la principal beneficiaria de este sistema de pagos en todo el Estado español.