Justicia
El juicio a La Manada, visto para sentencia

La última defensa se ha adherido a lo declarado por los abogados de los otros cuatro acusados en la presentación del informe de conclusiones por el juicio de los Sanfermines esta tarde en Pamplona. El abogado del militar Alfonso Cabezuelo, Manuel Canales, ha asegurado que las relaciones fueron consentidas, al igual que los abogados Jesús Pérez, defensor del Guardia Civil, y Agustín Martínez Becerra, abogado de José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza.

Martínez Becerra ha pedido la absolución de sus clientes porque “los hechos fueron consentidos” y no hubo “agresión sexual, sino una relación consentida y placentera" y ha asegurado que sus clientes son inocentes, por lo que pide su salida inmediata de prisión. 

El letrado ha continuado con su estrategia de poner en cuestión la credibilidad de la víctima, asegurando que ella no presentó resistencia. Además, se ha referido a la imagen de Instagram que los detectives incluyeron en el informe presentado por la defensa, que finalmente no fue incluido como prueba.

La última sesión del juicio, segunda que se celebra en audiencia abierta, terminará esta tarde con la presentación de los abogados de los otros dos acusados, que pedirán la absolución y la nulidad del proceso respectivamente.

LA FISCALÍA PIDE 22 AÑOS

En la sesión del lunes, las acusaciones reiteraron en la presentación de sus conclusiones que los hechos se produjeron sin consentimiento y con violencia. La Fiscalía reiteró su petición de 22 años de prisión para cada uno de los acusados y dio por acreditado que los cinco “actuaron de forma conjunta y organizada”.

Los abogados de la denunciante mantuvieron su petición de 24 años y 9 meses de cárcel y una indemnización de 250.000 euros para la joven en la presentación de su informe de conclusiones el lunes. El abogado de la joven, Miguel Ángel Morán, insistió en la veracidad del testimonio de su cliente y ha enumerado las contradicciones en las que, a su juicio, han incurrido los acusados.  

En las últimas intervenciones del lunes, el Ayuntamiento de Pamplona consideró que los hechos son “palmarios” y que la pruebas acreditan que no hubo consentimiento.  El letrado del Gobierno foral, por su parte, defendió la coherencia de la declaración de la víctima.