Reforma laboral
El Consejo de Ministros y el Congreso votan hoy la reforma laboral y los Presupuestos Generales del Estado

Ambos textos serán previsiblemente aprobados esta mañana. El debate político de la reforma laboral tendrá lugar en enero, cuando se debata la propuesta de ley del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados 12-11-20
Congreso de los Diputados. David F. Sabadell
28 dic 2021 06:00

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cerró la jornada de ayer con unas declaraciones en Onda Cero en las que mandaba una advertencia a los partidos que sostienen el acuerdo de investidura del Gobierno de coalición: “Si las fuerzas que están en la oposición deciden no ratificar este real decreto, volvemos a la modalidad del real decreto 3/2012 del PP, que limitaba la ultraactividad de los convenios o imponía preferencia de convenio de empresa”.

También ayer concedió una entrevista, al Diario Sur, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, donde afirmaba precisamente lo contrario, que “la esencia de la reforma laboral de 2012 se ha preservado intacta y las empresas van a mantener un margen importante de flexibilidad”. Hoy a las 9h se reúne el Consejo de Ministros en el que se aprobará el nuevo texto de la reforma laboral, ese que para unas cambia el paradigma del mercado laboral y que para otros, no lo modifica en su esencia. 

Tres horas y media después, en el Congreso de los Diputados, tendrá lugar la votación de los Presupuestos Generales del Estado. Se espera que EH Bildu, ERC y PNV voten a favor de las cuentas de 2022, y que aplacen sus reticencias sobre la reforma laboral a su discusión en el Congreso, en enero, cuando se debata la propuesta de ley del texto refrendado en la mesa del diálogo social. 

De este modo, las cuentas de 2022 serán previsiblemente aprobadas tras el aviso a navegantes en el Senado, que se zanjó con una enmienda de Compromís de 1,6 millones para la Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que consiguió una mayoría de votos favorable gracias al imprevisto voto del PP, quien dijo que quería retrasar la aprobación de los presupuestos.

Si esta mañana no hay mensajes cruzados en las intervenciones del hemiciclo, el debate político de la reforma laboral se aplazará a enero. Un lapso suficiente para que sea publicado en el BOE antes de que termine el año, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, justo a tiempo para cumplir con el plazo que exigió a España la Unión Europea para conceder el segundo tramo de los fondos Next Generation —12.000 millones—. Ayer mandaron el primero —10.000 millones—, condicionado, entre otras reformas, por la de pensiones y atajar la temporalidad en el sector público, reforma conocida como el Icetazo

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El Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT finiquitaban ayer los últimos flecos del borrador del texto de la reforma laboral. Si alguna letra pequeña se ha colado en la redacción, en breve se conocerá. Tras mantener intactos los despidos y la degradación de la negociación colectiva que andamió el PSOE en 2010 y catapultó el PP en 2012, quedaba la esperanza de que al menos en subcontratación se impusiera alguna frase más que el punto 6 del borrador del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 

“El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el Título III”, expresaba el borrador de la reforma laboral que circula en los medios de comunicación y también en ambientes judiciales laboralistas. 

Es el único resquicio que tienen colectivos como las kellys de mejorar sus salarios y condiciones laborales. Una grieta que no se ha impuesto vía diálogo social, sino judicialmente con sentencias que han creado jurisprudencia, tanto en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya como en el Tribunal Supremo. El magistrado Carlos Hugo Preciado, entre otros ponentes, ya sentenció en 2018 que, “a igual trabajo, igual salario”, citando a la propia Constitución Española para dirimir que todas las trabajadoras de un hotel deben percibir el mismo salario independientemente de si las contrata directamente el hotel o una empresa de multiservicios. 

El líder estatal del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado su rechazo a la reforma laboral de Yolanda Díaz, argumentando que España “necesita más flexibilidad, implantar la mochila austriaca y bajar cotizaciones”. En un contexto político con los socios habituales del Gobierno en desacuerdo, podría entrar un nuevo partido de derecha a jugar el partido, y no sería el PP, sino Ciudadanos. Edmundo Bal aseguró a El Español que “somos conscientes de que podemos ser decisivos” para apoyar la reforma laboral.

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