Pobreza
Un informe documenta el aumento del hambre en España como consecuencia del covid

La organización Human Right Watch considera insuficientes los esfuerzos del gobierno para evitar una escalada en la pobreza como consecuencia de la pandemia y su impacto económico. Unas limitaciones que habrían tenido como consecuencia que miles de personas vivan en condiciones “desesperadas”, según apunta la organización en su informe  “‘No podemos vivir así’: la inhabilidad de España para proteger los derechos en medio del aumento de la pobreza provocada por la pandemia”.

El documento, hecho público hoy, 14 de julio, da fe de los déficit del sistema de protección social, y la insuficiencia de las medidas tomadas que no han evitado que miles de personas no puedan cubrir sus necesidades básicas. “Las violaciones de los derechos de las personas a la alimentación, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado podrían empeorar a medida que se disparan los costes mundiales de los alimentos y el combustible”, alertan desde HRW. 

La investigación desarrollada en España es la primera de un esfuerzo más amplio de documentación sobre el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado que la organización está desarrollando en Europa y que persigue evaluar las consecuencias de la pandemia y la subida de los precios en la población. En este sentido las conclusiones del informe son muy críticas con la respuesta de las instituciones españolas. 

 “Los esfuerzos del Gobierno para complementar una red de seguridad social inadecuada han ofrecido muy poco, demasiado tarde y a un número muy limitado de personas, lo que significa que miles siguen dependiendo de la ayuda alimentaria de emergencia, y que los padres se tengan que saltar comidas para que sus hijos no pasen hambre”, ha valorado en este sentido Kartik Raj, investigador de Europa de HRW.

“Los esfuerzos del Gobierno para complementar una red de seguridad social inadecuada han ofrecido muy poco, demasiado tarde y a un número muy limitado de personas, lo que significa que miles siguen dependiendo de la ayuda alimentaria de emergencia”

Estas conclusiones llegan tras entrevistar a 52 personas en las llamadas “colas del hambre”. El informe incluye además los testimonios de voluntarios de bancos de alimentos, personal perteneciente a ONG y académicos. Se basa asimismo en el análisis de estadísticas oficiales relativas a la red de seguridad social y la ayuda de emergencia. En su investigación constatan cómo fueron los distritos más empobrecidos de las ciudades donde más se extendieron los contagios. Distritos que además sufrieron en mayor medida un cierre económico que dejó a mucha gente sin ingresos y por tanto sin la capacidad de pagar alimentos. En este contexto la lentitud burocrática en la recepción de ayudas fundamentales para cubrir con las necesidades básicas agravó la situación.

Entre los sectores de la población que más han sufrido las limitaciones de la respuesta del gobierno HRW destaca a las personas que trabajaban en la economía informal, que no se beneficiaron de los ERTE. Las trabajadoras de sectores feminizados, en particular la hostelería y los trabajos de temporada, también sufrieron de manera contundente la crisis. Las familias con hijos —especialmente las monoparentales-, personas jubiladas, migrantes y solicitantes de asilo, estuvieron entre los colectivos más afectados. 

El desamparo de esta parte de la población se tradujo en un aumento de las llamadas “colas del hambre”: en 2020 se distribuyó un 48% de comida más que el año anterior, según los datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), se explica en el informe, una cifras que están cerca del récord del 2014, con la peor tasa de desempleo fruto de la crisis de 2008. Ya en 2021 la demanda descendió, pero se mantuvo un 20% más alta que en 2019. 

Insuficiencia del IMV

En su informe, y en base a las entrevistas realizadas, HRW se muestra muy crítico hacia el IMV, cuya cuantía — entre 451 y 1.015 euros al mes en función del tamaño del hogar, cantidad ampliada en un 15% de manera provisional como respuesta al alza de los precios— considera insuficiente para permitir un nivel de vida adecuado. El informe recoge testimonios como el de Ana Belén, madre en una familia monoparental, que tuvo que cerrar su bar como consecuencia del confinamiento, quedándose sin ingresos. Esta vecina de Vallecas, madre de dos hijos, explica a los investigadores de HRW cómo cobra 465 euros al mes de IMV, pero paga 600 de alquiler: “No podemos comprar nada. Cada mes comienza con una deuda. No hay nada en la nevera. No puedo expresar con palabras el impacto que eso tiene en mí”. 

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Rmi tu derecho denuncia que dos años después de la implementación de la medida solo una de cada siete familias en situación pobreza recibe el IMV, mientras persisten las trabas burocráticas y el maltrato institucional hacia las personas que lo solicitan.

A la insuficiencia de la cuantía se suman las dificultades de alcance que tuvo la medida del gobierno, cuya tramitación demoró meses para miles de personas que tuvieron que subsistir durante un largo periodo sin ningún tipo de ayuda. “La lentitud de la burocracia, las exclusiones arbitrarias incorporadas a los criterios, un método de cálculo defectuoso para la comprobación de los medios de vida y los altos niveles de rechazo de las solicitudes del IMV contribuyeron al problema”, afirman desde HRW, señalando además, la escasa coordinación con las comunidades autónomas para ver cómo se complementaba la ayuda estatal con otras ayudas dependientes de las administraciones autonómicas. 

Necesidad de acción

En el contexto actual agravado por el notable ascenso en el coste de la vida, HRW invita al gobierno a tomar una “acción audaz”. En concreto, propone incluir en la legislación la protección de derechos socioeconómicos específicos, como el derecho a un nivel de vida adecuado y a la alimentación.

Además considera necesaria una reforma integral del IMV que implique la eliminación de filtros que han dejando fuera de la ayuda a la mayoría de las personas solicitantes y agilice los trámites. El informe hace énfasis en la necesidad de mejorar la accesibilidad a la ayuda, reforzando el personal y facilitando las citas presenciales. 

HRW señala la urgencia de elevar las cuantías tanto del IMV como de las pensiones contributivas y no contributivas, para que sean suficientes para garantizar un nivel de vida adecuado

Desde la organización señalan la urgencia de elevar las cuantías tanto del IMV como de las pensiones contributivas y no contributivas, para que sean suficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, una recomendación que extienden a las ayudas autonómicas, conminando así a todas las administraciones a adaptar subsidios y prestaciones al coste de la vida, garantizando el acceso a una alimentación adecuada. 

Actualizar urgentemente la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social (que remonta a marzo de 2019) para tomar en cuenta el incremento de la pobreza producto de la pandemia, es otra de las recomendaciones de la organización, quien apunta también a la necesidad de investigar el amplio ratio de rechazo de las solicitudes en el IMV, una de las causas de que una parte considerable de la población en situación de pobreza, no haya podido contar con esta ayuda. En este sentido, anima a asegurarse de reducir al mínimo las barreras para acceder a ayudas de emergencia ante futuras crisis.

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4,5 millones de personas están en situación de pobreza severa en el Estado. El último informe de EAPN muestra la extensión de la privación material a pesar de medidas como el Ingreso Mínimo Vital.

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Desde HRW conminan también al relator espacial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos a realizar una comunicación pública sobre el sistema del IMV, que aborde la adecuación de las cuantías, la accesibilidad y disponibilidad de este apoyo, y evalue las brechas entre los objetivos y el alcance real, así como la transparencia de los criterios de elegibilidad, en base a un enfoque de derechos humanos.