Fronteras
Un joven maliense se querella contra la Guardia Civil tras perder la visión de un ojo

Hace algo más de un año, el 2 de marzo de 2022, Djack, un ciudadano maliense, perdió la visión de un ojo para siempre. La lesión fue consecuencia de un golpe con la porra, recibido tras saltar la valla de Melilla. El joven ha interpuesto una querella contra la Guardia Civil, por un delito de tortura y de lesiones, con los agravantes de racismo y prevalencia de carácter público.

Según han informado las entidades que asisten al joven en su denuncia, Irídia (Centro por la Defensa de los Derechos Humanos) y Sira (Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Torturas), Djack tuvo que abandonar su país tras perder a varios familiares en un atentado, en el contexto del grave conflicto que sufre Mali en los últimos años. Tras pedir asilo sin éxito en Argelia, Djack recaló en Marruecos donde, como tantos otras personas migrantes, fue objeto de violencia y persecución policial.

Ante la imposibilidad de acudir a vías legales y seguras para pedir asilo en España, con la oficina de protección internacional de la frontera de Beni Enzar blindada ante las eventuales peticiones de refugio procedentes de territorio marroquí —como vienen denunciando las entidades en defensa de los derechos de las personas migrantes—, Djack se unión a otras personas en la misma situación e intentó acceder a territorio español  saltando la valla de Melilla.

Tras pedir asilo sin éxito en Argelia, Djack recaló en Marruecos, donde fue objeto de violencia y persecución policial. Tras saltar la valla de Melilla, aún menor, tuvo que ser hospitalizado dos semanas por los golpes que le propinó un guardia civil

Aquel 2 de marzo del año pasado, las fuerzas de seguridad se desplegaron para intentar detener a quienes saltaban la valla, procediendo a la devolución en caliente de muchas de estas personas, infringiendo la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y normativa internacional. Fue en este momento, cuando el joven maliense fue golpeado en la cabeza por parte de un agente de la guardia civil, impacto que le ha causado la pérdida de visión permanente de uno de sus ojos, según reporta Iridía, que señala que el joven recibió un nuevo golpe en la espalda por parte del mismo agente.

Siendo menor de edad en aquel momento, Djack accedió al centro para menores “La Purísima”, de Melilla. Tras una primera atención médica, fue ingresado durante 15 días en el hospital dada la gravedad de sus lesiones, que resultaron en la pérdida de visión del ojo izquierdo.

El joven maliense ha contado con el apoyo de diversas entidades tras una agresión que no ha tenido solo consecuencias físicas sino también psicológicas. Mientras Andalucía Acoge se ocupó de proveerle acompañamiento jurídico durante su permanencia en Melilla. Ya en Barcelona, con el apoyo de CEAR y la Fundació Punto de Vista ha podido recibir asistencia médica y psiquiátrica en el Hospital de Sant Pau y Vall d’Hebron respectivamente. Irídia acompaña jurídicamente  al joven, que se ha determinado a interponer una querella contra el agente de la Guardia Civil que le golpeó, y su superior jerárquico en terreno; Sira estará a cargo del peritaje psicológico.

En el texto de la querella, ha informado Irídia, se señalan los delitos de tortura y/o contra la integridad moral, al tratarse, consideran, de una actuación desproporcionada e injustificada. El uso de la porra en la zona del rostro constituye además un incumplimiento de los protocolos. Un delito de lesiones causando pérdida o inutilidad de un órgano principal, con los agravante de racismo, y prevalencia de carácter público, completan los cargos.

Desde la organización en defensa de los derechos humanos han querido recordar que el caso del joven maliense ejemplifica una vez más el despliegue de violencia institucional en la Frontera Sur. El pasado año, apuntan, la respuesta de las fuerzas de seguridad ante los saltos de marzo, en los que participó Djack, y meses después, el 24 de junio, han supuesto dos momentos marcados por la mala praxis, identificándose en las actuaciones policiales, prácticas constitutivas de delito, como ha sucedido en el caso del ciudadano maliense. 

Una violencia, que en el caso de los hechos del pasado junio, supuso la muerte de al menos 40 personas mientras aún hay más de 77 desaparecidas. Para abordar las consecuencias de lo que definen como lógicas “securitistas” que habilitan todo tipo de violencias, Irídia, junto a Novact, presentarán un reporte realizado gracias a las aportaciones de numerosas entidades en red, donde se documentan las vulneraciones de derechos en la Frontera Sur del Estado español durante 2021 y 2022.