Precariedad laboral
Ayuso busca titulados “voluntarios” para hacer de rastreadores: “Queréis jóvenes trabajando gratis para cubrir vuestra incompetencia”

“Como alumno de la UCM quiero dejar claro lo insultado que me siento con esta ocurrencia. Pedís jóvenes trabajando gratis que os ayuden a cubrir vuestra incompetencia en lugar de poneros a contratar los rastreadores prometidos”, responde un estudiante al anuncio publicado el pasado martes en la cuenta oficial de la institución de educación superior madrileña. “¿Quieres participar voluntariamente como rastreador [de] contactos covid-19?”, invita la polémica publicación a la que hace referencia el joven. “La Comunidad de Madrid busca titulados en Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología, Trabajo Social o Veterinaria que quieran participar ¡Infórmate!”.

“Ni un día de descanso en la fábrica de ocurrencias”, arranca la intervención de la Delegación Central de Estudiantes UCM publicada poco después del anuncio de la universidad pública: “Nos parece denigrante la propuesta de realizar voluntariamente un trabajo que no solo debería estar remunerado y formado, sino que además llega tarde por parte de la Comunidad, que debería contar con ese personal hace semanas”. 

nuevo llamamiento, viejas prácticas

Arturo, miembro de consejo de gobierno y militante del frente de estudiantes UCM, narra que la Delegación de Estudiantes se enteró del llamamiento a personas tituladas de la misma forma que el resto de estudiantes: por Twitter. “No hubo contacto previo con estudiantes ni con delegaciones u otros colectivos”, explica, “y las facultades afectadas [de las carreras de las que se buscan titulados] se posicionaron en contra en cuanto vieron el mensaje”. Así lo corroboran los mensajes de las cuentas de facultades de biología, trabajo social o medicina: “Rogamos que recapaciten y se contrate personal cualificado y de forma remunerada, por el bien de todos los ciudadanos”, exponía esta última. 

De hecho, las numerosas reacciones al tuit inicial llevaron a que la Complutense se apresurara a añadir una puntualización: “Los interesados recibirán formación previa y los que resulten seleccionados que, además, estén en la bolsa de trabajo de la Comunidad de Madrid o inscritos en el paro con demanda de empleo, podrían ser contratados”. Una forma verbal, el condicional, que tampoco ha contentado a la comunidad universitaria.

Más bien al contrario, el mensaje añadido, expone Arturo, sirvió de poco consuelo: “Por un lado, el trabajo de rastreador en sí es importante y requiere a gente formada y con remuneración; de hecho, por lo que nos han comentado, podría haber hasta un conflicto legal con el llamamiento [de la Comunidad]”, expone. “Pero es que por otra parte, consideramos que supone una extensión de un modelo de prácticas universitarias en el que se supone que se cobra, pero que se puede no cobrar, y extender ese modelo y hacerlo incluso a gente titulada nos parece algo muy escandaloso”.

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400.000 estudiantes se lanzan cada año a hacer prácticas no laborales, pero solo una quinta parte recibe algo de dinero por su trabajo. El becariado es, junto a los falsos autónomos y la mano de obra sin papeles, una ‘zona gris’ del derecho del trabajo. La obligación de alta en la Seguridad Social para todas las prácticas prometida por el Gobierno de Sánchez podría arrojar algo de luz, pero aún está por ver cómo se pondrá en práctica.

De esta misma forma se ha posicionado el sindicato UGT de la UCM al mostrar su desacuerdo con la medida y argumentar que “el trabajo es una obligación y el salario un derecho”, al tiempo que hacía referencia a la dotación de fondos covid-19. En línea con las declaraciones del representante estudiantil, jóvenes respondían en la red social al segundo tuit de la institución —el que abría la posibilidad de que los que resultaran seleccionados “podrían” ser contratados— definiendo como “aberrante” que la universidad pública “contribuya a la explotación de desempleados”. 

La sensación que se le ha quedado a más de un estudiante, define Arturo, es la de “aprovechar la crisis para potenciar modelos precarizadores”, y hace referencia a que, durante la primera fase de la pandemia, también se cogió a estudiantes —fundamentalmente de ciencias de la salud— para hacer frente a la pandemia “en condiciones bastante malas” por la urgencia de la crisis sanitaria.

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Estudiantes de enfermería en primera línea de lucha contra el covid-19 cuentan cómo enfrentan sus miedos en condiciones poco favorables. Su generosidad no tapa la crisis de un sector que ha llegado agotado a la pandemia.

El llamamiento de la UCM llega en un momento en el que la falta de contratación de rastreadores por parte del gobierno de Ayuso es conocida por la opinión pública, y pocos días después de que el Gobierno regional dejara abierta, a través de una orden publicada en el BOCM, la posibilidad de que “sean los consistorios de la región los que destinen a sus trabajadores para que hagan funciones de rastreadores para el seguimiento de los enfermos de la covid-19”, algo que suscitó malestar entre varios ayuntamientos.

“Es muy evidente que el trabajo de los rastreadores no puede estar cubierto por personas voluntarias”, expresa Arturo, quien opina que con la llamada de la UCM se ha producido “una situación muy ridícula que solo beneficia a la Administración, pero no a la gente, ni al alumnado, ni a los trabajadores, ni a la propia Complutense”. Por eso, concluye el estudiante, desde los colectivos de representación universitaria van a seguir presionando “para que esta medida caiga cuanto antes y se contrate en condiciones”.