País Vasco
Las investigadoras sanitarias vascas reclaman un convenio propio y financiación estructural

Detrás de un nombre moderno se esconde un salario escueto: el que establece el Estatuto de los Trabajadores, la norma que regula las condiciones de empleo de quien carece de convenio colectivo. El Departamento de Sanidad del Gobierno vasco paga 19.300 euros brutos a sus investigadoras con licenciatura y máster de los Institutos de Investigación Sanitaria, más conocidos como BioGipuzkoa, BioBizkaia y BioAraba, recientemente agrupados en la matriz llamada BioEf. Pero en realidad, parte o gran parte de ese salario ni siquiera procede del Gobierno vasco, ya que las investigadoras, con o sin ayuda de sus jefas de proyecto, deben buscar las fuentes de financiación para los estudios que desarrollan y los ingresos que perciben como nómina. 

Hartas de esta situación, las científicas reclaman un convenio propio que las aleje de la precariedad del Estatuto de los Trabajadores y reivindican una financiación estructural que permita un contrato digno y estable, como en los países europeos donde la ciencia es parte fundamental del país. Las investigadoras sanitarias vascas alertan de que, si no encuentran subvenciones para establecer una nueva relación laboral cuando termina un proyecto, su contrato queda rescindido. 

Despliegan desde un barco una pancarta de protesta para la rectora de la UPV y el consejero de Educación

Zuriñe Rodriguez Lara

Universidad

Universidad Despliegan desde un barco una pancarta de protesta para la rectora de la UPV y el consejero de Educación

Zuriñe Rodriguez Lara

Profesorado en huelga ha navegado por la Ría de Bilbao hasta el Museo Marítimo, donde Eva Ferreira y Jokin Bildarratz participaban en un acto institucional. Los sindicatos aseguran que el seguimiento de la huelga contra ha sido “un éxito ”.

Coincidiendo con la celebración del maratón de EITB el 14 de diciembre para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, trabajadoras de BioGipuzkoa se manifestaron a las puertas del centro, en una concentración que inicia una fase de movilizaciones.

Las auditorías y los presupuestos públicos de estos centros son ambiguos. BioEf cerró el ejercicio 2022 con un presupuesto de 10,8 millones, de los cuales 8,2 corresponden a distintas subvenciones prorrateadas a ese ejercicio fiscal. Los pagadores son, por orden descendente, el Instituto de Salud Carlos III, “otras entidades públicas y privadas”, “proyectos europeos”, EITB —ente responsable del maratón para la investigación para el cáncer—, Gobierno vasco, cuatro ministerios españoles y dos diputaciones forales. Un total de 65 personas trabajan en el patronato —52 son mujeres—, cuya presidenta es la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. No se desglosan salarios; se indica que los gastos de personal ascienden a 3,2 millones (página 77).

El presupuesto de BioBizkaia en 2022 es una tabla que ocupa medio folio: 14,9 millones, de los cuales 8,3 corresponden a gasto de personal. BioGipuzkoa ofrece la misma tabla: presupuesto de 11,7 millones, de los cuales se destinan 6,3 a gastos de personal. No desglosa qué ingresos provienen de subvenciones y cuáles son estructurales. BioAraba, el menor de los centros, lo desgrana algo más: ha obtenido casi un millón —984.654 euros— en concepto de “financiación pública competitiva” —administraciones públicas—. A estas aportaciones, añade “subvenciones imputadas al excedente del ejercicio”, las cuales no detalla. El importe total asciende a casi 1,9 millones. La partida destinada a salarios roza los 1,4 millones.

“Son centros de investigación que trabajan como subcontratas de Osakidetza”.

Lorea Izagirre, responsable de Gizalan del sindicato ELA, define de forma sencilla este entramado de entes, partidas económicas y funcionamiento laboral: “Son centros de investigación que trabajan como subcontratas de Osakidetza”. Mientras BioEf es la matriz y sus trabajadoras pertenecen al sector público, Gobierno vasco no otorga ese rango a las trabajadoras de los tres institutos territoriales, a pesar de que gestionan y trabajan con dinero público.

Aparte de los aspectos contractuales y económicos, el día a día también parece enrevesado: existen dos plantillas paralelas. Una trabaja según el convenio de Osakidetza. La otra, según el Estatuto de los Trabajadores. Teóricamente, la primera realiza sus labores dentro de los hospitales de la red pública y la segunda, investiga en los centros construidos de forma adyacente a los hospitales de Donostia, Cruces y Txagorritxu. Pero en la práctica no ocurre así: científicas con condiciones laborales diferentes y salarios distintos se entremezclan en los laboratorios de los hospitales y centros de investigación, según lo que demanden los proyectos de estudio. Lo único que común es que todas investigan para Osakidetza. 

La consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui, se mostró el pasado mes de septiembre muy orgullosa de estos institutos —“Euskadi aspira a ser referente internacional en investigación en salud”— y de su composición — el 65% de la plantilla son mujeres—. En el acto, presentó las nuevas nomenclaturas, BioDonostia pasó a llamarse BioGipuzkoa, por ejemplo. Pero un año antes, las trabajadoras de los tres institutos se habían organizado sindicalmente, formando comités de empresa en cada centro. El sindicato ELA logró la representación en todos ellos con 9, 9 y 3 delegados en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, respectivamente.

Mikel García, delegado en Gipuzkoa, destaca el funcionamiento de otros estados, donde las convocatorias de subvenciones se combinan “con una financiación estructural muchísimo mayor”. Considera que el sector de la ciencia cuenta con el apoyo de la sociedad vasca, pero no de los políticos ni tampoco de la administración. “Somos trabajadores altamente cualificados con una inestabilidad laboral elevada, tanta que ni vislumbramos un contrato indefinido a corto o medio plazo”, sostiene tras diez años de trabajo. Destaca que cobran un sueldo “conseguido a título personal a través de becas o de nuestros jefes o jefas de los grupos de investigación, que han encontrado dinero para pagarnos, por lo que si mañana se agota la beca o investigación, ni siquiera BioGipuzkoa me despediría formalmente, simplemente estaría fuera del trabajo”. 

Ana Delgado, también delegada del mismo centro, argumenta la necesidad de mejorar las condiciones generales en el mundo de la investigación, algo que, a su juicio, pasa inevitablemente por “negociar un convenio propio”. Hasta ahora, cada instituto “ha ido añadiendo coletillas” al Estatuto de los Trabajadores en asuntos como permisos y horarios, pero ni siquiera tenían asegurada la subida del IPC.