Catalunya
El Tribunal Supremo omite la resolución del Tribunal Europeo y detiene a Carles Puigdemont en Cerdeña

Según su abogado, Gonzalo Boye, Puigdemont está tranquilo y permanece retenido en dependencias policiales del aeropuerto del Alguer.
Puigdemont alemania
El expresidente catalán en Berlín tras su excarcelación. Montecruz foto

A pesar de la resolución de obligado cumplimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 30 de julio, el Tribunal Supremo de España ordenó la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont y agentes de la aduana de Italia la hicieron efectiva en la noche de ayer en Alguer (territorio de habla catalana en la isla de Cerdeña), donde el político iba a participar en un encuentro cultural y mantener reuniones con diversos alcaldes independentistas. La policía estaba esperándole en el aeropuerto y Carles Puigdemont fue arrestado nada más bajar del avión. 

Según su abogado, Gonzalo Boye, Puigdemont está tranquilo y permanece retenido en dependencias policiales del aeropuerto del Alguer. “Estamos a la espera de que nos indiquen si va a haber hoy o mañana [viernes o sábado] una comparecencia” en el Tribunal de Apelación de Sassari, ha indicado el letrado.

El 30 de julio decayó la inmunidad parlamentaria que solicitaron Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El Tribunal Europeo consideró entonces que no había riesgo de detención porque no había ninguna euroorden vigente. Sin embargo, el Tribunal Supremo parece considerar que la euroorden que emitió antes de esta resolución, nunca decayó. El Supremo sigue interpretando el conflicto catalán a su manera, a pesar de los múltiples reveses que ha recibido la justicia española de parte de estados miembros de la UE, como Alemania, Escocia y Bélgica, y el propio tribunal europeo. Puigdemont lleva desde 2017 exiliado en Bélgica y se ha movido libremente por Europa gozando de su inmunidad parlamentaria, la cual decayó el 30 de julio.

El Tribunal Supremo es el mismo órgano que aseguró en diciembre de 2020 que volvería a juzgar a Arnaldo Otegi tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró injusta la condena por la que el dirigente independentista vasco pasó seis años en la cárcel. 

La renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva tres años de retraso, debido al constante bloqueo del Partido Popular y el ala conservadora, que tiene una amplia mayoría en el órgano que gestiona la Justicia en España.

El 23 de junio, el BOE publicó el indulto para los nueve presos políticos catalanes condenados en el conocido como caso Procés. “Por la concordia”, y quizá por presión europea, el Consejo de Ministros aprobó la medida de gracia, la cual implicó también aligerar la presión sobre los políticos exiliados en Europa acusados de los mismos delitos que sus compañeros.

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